La reciente decisión judicial de suspender la actividad de las empresas de delivery Rappi, PedidosYa y Glovo en la Ciudad de Buenos Aires viene generando polémica. Este lunes, incluso el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta salió a cuestionar la decisión del juez Roberto Gallardo.
Luego de que el viernes Gallardo determinara que éstas empresas no pueden seguir operando en la ciudad, Larreta respondió: “Lo de Gallardo, cualquier cosa… sus fallos son más políticos. El tema es que después todas las decisiones se las apelamos y se las ganamos…”. “Es un fallo más de los tantos a que nos tienen acostumbrados”, insistió. Para el jefe de Gobierno porteño las compañías “están legalmente constituidas, pagan sus impuestos, son utilizadas por mucha gente y dan mucho trabajo, generan puestos laborales”.
El funcionario agregó: “Una cosa es que trabajemos para ver cómo se regulan estas nuevas opciones que aparecen con la tecnología, pero otra es prohibirlo y dejar en la calle un tendal de gente, justo con la necesidad de trabajo que hay…”. Y luego confirmó la decisión de su administración de apelar la decisión judicial, buscando “respetar los puestos de trabajo”.
En abril de este año estas empresas de delivery sufrieron un revés judicial cuando se prohibió su actividad la Ciudad hasta que se adapten al cumplimiento de los requisitos mínimos estipulados en el Código de Tránsito y Transporte. En ese marco se ordenó a la Policía de la ciudad que se realicen operativos en la vía pública para identificar a los llamados “rapitenderos” y confirmar si cumplen con las medidas de seguridad obligatorias (polémicamente, las multas se aplican sobre los trabajadores y no sobre las empresas, que no asumen responsabilidad contractual, lo mismo que en el caso de accidentes).
Luego del fallo del viernes, los trabajadores de estas empresas, organizados en el gremio App Sindical (Asociación del Personal de Plataformas) confirmaron que se desobedeció el mandato judicial y que continúan «trabajando de manera clandestina por temor a la persecución policial y al fallo que ordena decomiso y multas». Las empresas habrían optado por seguir cumpliendo con los pedidos, pero sin que los repartidores usen las clásicas mochilas identificatorias.
Desde Rappi se emitió un comunicado rechazando la reciente decisión de Gallardo, considerando que “perjudica tanto a repartidores como comercios locales y consumidores”. “Lamentamos profundamente dicha decisión judicial que será apelada. Seguiremos velando por los intereses de todas las partes con el mismo compromiso de siempre”, concluyó el texto de la empresa.
