El más reciente informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) confirma que las cárceles federales se encuentran frente al momento de mayor sobrepoblación, superando el 106% de ocupación durante el último trimestre de 2017. De esta población detenida en las prisiones federales sólo el 40% tiene sentencias firmes.
La PPN es un organismo público de carácter autónomo, inserto en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación por la Ley 25.875, que tiene por objetivo proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad en jurisdicción federal. La Ley 26.827 prevé su participación en los órganos de gobierno del sistema penitenciario federal y establece que además cumpla las funciones de mecanismo de prevención de la tortura, en los términos del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU. Está formada por una oficina central en Ciudad de Buenos Aires y un conjunto de Delegaciones Regionales desplegadas en todo el territorio argentino.
Según expone en su más reciente boletín estadístico, que incorpora información hasta del último trimestre del año pasado, las causas de este crecimiento de la población carcelaria son múltiples, pero una de las principales tiene que ver con la recientemente promulgada Ley 27375, que modificó la Ley 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y algunos artículos del Código Penal, eliminando la progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados y bloqueando para numerosos delitos la posibilidad de acceder a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional o libertad asistida. Al respecto plantea el informe que “se trata de una nueva legislación que supone importantes restricciones para el egreso de las personas detenidas, por ende resulta esperable que este endurecimiento punitivo infle los niveles de encarcelamiento”. El Boletín estadístico también revela el “uso excesivo” de la prisión preventiva, especialmente para mujeres embarazadas o con hijos en prisión que podrían acceder a la prisión domiciliaria.
Para la PPN esta sobrepoblación carcelaria constituye un “problema acuciante” que además puede agravarse substancialmente “de no abordarse de forma planificada y respetuosa los derechos de la población presa”. Al respecto se denuncia: “Los fracasos de las experiencias internacionales que pretendieron controlar el delito y reducir la inseguridad a partir de políticas punitivas de ‘mano dura’ ya han corroborado que estos programas no hacen más que impactar de forma negativa en los índices de prisonización y en las condiciones materiales en las que se desarrolla el encierro penitenciario”.
Un apartado del informe establece que entre 2009 y 2017, se produjeron 383 muertes de personas detenidas bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), 152 de ellas de manera violenta. En el Complejo I de Ezeiza se registraron 10 fallecimientos violentos por ahorcamiento durante 2017, lo que alarmantemente implica más de la mitad de las muertes violentas del año.
En la página de la PPN aún no se encuentra disponible el informe anual 2017, pese a que se aclara que el Procurador Penitenciario debe dar cuenta de la labor realizada durante el año a ambas Cámaras del Congreso Nacional mediante estos informes. Pero en el informe sobre 2016 -respecto del que, tomando en cuenta la evolución de las muertes violentas, podría proyectarse una situación igual o peor- se enumeran algunas de las intervenciones de la PPN en relación con la violación de derechos humanos en las prisiones federales.
Se recibieron 59.335 demandas de la población reclusa, los facultativos del organismo efectuaron 1.739 entrevistas médicas y el equipo de Salud mental realizó 1476 intervenciones, conjunto de actividades de las que se derivaron 20 recomendaciones del Procurador Penitenciario sobre temas de trascendencia para la protección de los derechos de los detenidos y el control democrático de la institución carcelaria. También se iniciaron 143 denuncias judiciales (solo en la Sede Central de la PPN) y numerosos escritos en el marco de querellas por torturas y muertes en prisión, así como 53 acciones colectivas de habeas corpus.
El informe agrupa las principales vulneraciones a los derechos humanos en el encierro en cinco áreas. Respecto de la primera, “Sistematicidad de la tortura y los malos tratos” se plantea que “constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país” y además se denuncia que la respuesta judicial frente a las denuncias “continúa siendo, en la gran mayoría de los casos, inadecuada”. Respecto del ítem “Muertes bajo custodia”, hasta el informe de 2016 se habían registrado 342 muertes desde 2009 (153 de manera violenta), 36 durante el último año siendo las principales causas de muerte ahorcamientos, muertes por enfermedad donde el HIV/Sida resulta la patología de base y decesos causados por heridas de arma blanca. El punto “El problema de la sobrepoblación” detalla que hasta fines de 2016 la población carcelaria se había incrementado 10.968 internos, lo que ya entonces constituía un “récord histórico”. Los dos últimos ítems son “La aplicación de regímenes de aislamiento” y los “Registros personales y requisas vejatorias”, prácticas habituales dentro de las prisiones federales.
Los informes del PPN detallan además las “Vulneraciones en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales” y enumeran a una serie de colectivos a los que definen como “sobrevulnerados” en las situaciones de encierro, entre los que se cuenta la población LGBTI, los adultos jóvenes (entre 18 y 21 años), los extranjeros y las personas con discapacidad física o mental
El pasado 8 de mayo la Red Internacional “Corpora en libertad” presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBT+ Privadas de la Libertad en América” y la PPN, en tanto representante de Argentina, aportó información sobre las principales formas de violencia y discriminación que sufre este colectivo en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. El diagnóstico regional constató que los integrantes del colectivo enfrentan altos índices de violencia, discriminación y exclusión, con derechos que tienen a ser desconocidos generando un paso por los centros penitenciarios que “no satisface las garantías mínimas de vida digna”.
