El Gobierno bonaerense envió a la Legislatura un proyecto que apunta a modificar el régimen laboral de la Policía de la Provincia, una de las áreas más sensibles de la administración. Qué objetivos persigue la reforma y cómo se posicionan el oficialismo y la oposición frente a los cambios propuestos.
La iniciativa busca mejorar los criterios de ingreso, evitar la discrecionalidad en las promociones y ascensos, fortalecer el perfil profesional, generar certeza y previsibilidad en la carrera policial, ampliar derechos de los funcionarios/as policiales y mejorar la incorporación de la organización policial al entramado institucional.
Entre los considerandos del proyecto que se debatirá en el Parlamento bonaerense se detalla que “el Poder Ejecutivo determinará considerando las pautas presupuestarias y las necesidades operativas de la fuerza policial, los cupos de ascenso de cada escalafón y jerarquía de conformidad a la proyección de la pirámide organizacional de las policías de la Provincia de Buenos Aires planteada”.
Asimismo, se remarca que es “una reforma pensada para modificar estructuralmente la institución policial, reconociendo su historia, su rol y la necesidad de su perfeccionamiento en el marco de una política de seguridad pública con eje en la prevención del delito, la seguridad de las y los ciudadanos bonaerenses”.
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Si se aprueba la ley, para ser comisario general y comisario mayor, por ejemplo, se deberá contar con una carrera de grado y con un posgrado vinculados a la función policial, ya sea en el Instituto Universitario Policial Provincial «Juan Vucetich» o en otra institución. En tanto, para ascender a comisario inspector, comisario y subcomisario, los policías deberán contar con una carrera de grado; mientras que para ser promovidos a suboficial mayor o suboficial principal deberán tener una tecnicatura universitaria. De todos modos, habrá un período de gracia de entre diez y 15 años para la entrada en vigencia de estas cláusulas.
Hay otro aspecto central de la reforma: las promociones ya que cada agente deberá contar con la antigüedad exigida para acceder al siguiente grado y, además, solamente podrá tener un solo ascenso extraordinario en toda su carrera por «actos de servicio debidamente acreditados documentalmente». El objetivo es limitar la discrecionalidad política en los ascensos.
Con respecto al debate parlamentario, el radicalismo bajó al territorio a sus senadores para conocer las observaciones de las fuerzas de seguridad en las secciones electorales. Desde Juntos por el Cambio (JxC) expresaron que tienen la intención de acompañar la propuesta del Ejecutivo, pero buscarán debatir aquellos artículos relacionados con los derechos, deberes y prohibiciones, como también el reordenamiento de los escalafones y las cuestiones salariales.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, legisladores de JxC, marcaron sus coincidencias con sus pares del Senado, principalmente las relacionadas con el fortalecimiento de la profesionalización, como así también en la formación de los agentes; sin embargo, en la Cámara Baja son más intransigentes y críticos a la letra de la propuesta.
Es por esto que el Gobierno tendrá que mediar para alcanzar los acuerdos necesarios para aprobar la propuesta.
