Gracias al decreto 70/2017, que impulsó el Gobierno nacional con el objetivo de acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos y que cuenta con el aval de la Justicia, en solo dos años aumentaron las deportaciones de inmigrantes un 3150%.
Los datos oficiales corroboran este porcentaje: en 2015 solo hubo dos inmigrantes deportados del país, mientras que un año después, ya con Macri en la Casa Rosada, el número escaló a 33. En tanto, en lo que va de 2017 ya son 65 los extranjeros expulsados de la Argentina. Además, estas cifras no dan cuenta de los ciudadanos expulsados por situaciones migratorias irregulares.
Este fenómeno es posible por la mencionada normativa, que expresa que cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las Justicias provinciales, es decir, sin siquiera una condena firme, puede ser despedido del territorio argentino.
Para el CELS el decreto «es un nuevo mecanismo para la expulsión de personas migrantes del territorio argentino sustancialmente distinto al diseñado por el legislador en la Ley de Migraciones Nro. 25.871. Entre las modificaciones que realiza, el DNU altera el régimen de recursos administrativos ante órdenes de expulsión, limita las vías de impugnación judicial y el acceso a la justicia de personas migrantes ante esas decisiones».
