El ministro de Justicia, Germán Garavano explicó que la Procuración del Tesoro Nacional revisará los contratos, pero que las obras que está realizando la empresa Odebrecht continuarán porque si se «paran las obras se puede incurrir en compromisos mayores para el Estado». A su vez, informó que la Procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó no podrá aceptar el acuerdo con Odebrecht para obtener información sobre el pago de sobornos en la Asrgentina.
«Como está planteado el acuerdo se considera que es improcedente», justificó el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, sobre la decisión de no recibir la información mediante la Procuración. «El acuerdo está dirigido al Ministerio Público Fiscal. El Poder Ejecutivo no puede negociar proyectos que estén involucrados con procesos judiciales en trámite», amplió.
«Nos propusieron agregar documentación complementaria y el acuerdo que el juez Sergio Moro homologó sellado. Eso fue girado a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración Nacional del Tesoro (PNT). Son dos notas de procedimientos formales, pero son las que dan marcha al acuerdo en Brasil», detalló.
Si bien Garavano aceptó que le «le corresponde a la Justicia llevar a adelante la negociación», justificó la intervención del Ejecutivo y cuestionó a la fiscalía. La empresa tiene que colaborar con la Justicia no con el Poder Ejecutivo, nosotros le decimos que deben hacerlo con la Justicia, pero que este acuerdo no es compatible con la legislación argentina», argumentó.
«En paralelo estamos trabajamos con la OA y la AGN en la versión de los dictámenes en comisiones verificadas sobre las responsabilidades penales empresarias, porque se sacaba el acuerdo de colaboración, y el Gobierno considera que debe estar porque es la herramienta para resolver hechos de corrupción”, concluyó.
