El kirchnerismo bonaerense no logró concretar una reunión amplia de oposición para consensuar un proyecto de ley alternativo al de la gobernadora María Eugenia Vidal que reduce casi a cero un porcentaje de la tarifa eléctrica destinado a los municipios. Unidad Ciudadana no había presentado un contraproyecto propio sino que apostaba a trabajar sobre una iniciativa del Frente Renovador, pero finalmente la reunión convocada por el diputado Walter Abarca quedó casi absolutamente vaciada por el resto de la oposición.
La iniciativa del diputado Rubén Eslaiman se conoce como “tarifa limpia” y está compuesta por dos proyectos, uno que lleva casi a cero un impuesto provincial incluido en las facturas eléctricas que se destina a los municipios (los intendentes piden la eliminación total del cargo para poder cobrarle las tasas correspondientes a las distribuidoras) y otro que elimina los cargos ajenos al consumo en la facturación de cualquier servicio público. El proyecto es similar a la resolución propuesta por Vidal pero Unidad Ciudadana esperaba partir de allí para avanzar con un consenso opositor.
Sin embargo, pese a gestos previos del FR y compromisos de asistencia a la reunión convocada por Abarca, apenas asistieron por el massismo el intendente Javier Gastón (Chascomús) y el diputado Javier Mignaquy (dirigentes de segunda línea, enviados para garantizar un apoyo al proyecto la reunión del viernes de las comisiones de Legislación General, Presupuesto e Impuestos, y Servicios Públicos de la Legislatura), mientras que el peronismo no kirchnerista del sector liderado por el lomense Martín Insaurralde no envió representantes al encuentro. El intento del kirchnerismo de liderar una alianza opositora en la Legislatura en el tema tarifario similar a la conseguida en el Congreso Nacional terminó casi en absoluta soledad.
Cambiemos siguió atentamente las negociaciones y no descarta acompañar en Diputados el proyecto del Frente Renovador, que comparte lineamientos centrales con la resolución del Ejecutivo, por considerar que legitima la estrategia de Vidal de bloquear la posibilidad de incluir en las facturas de servicios cargos cargos vinculados a cuestiones ajenas al consumo, tales como seguridad, obras y servicios sociales.
