El gobierno de Alberto Fernández derogó este viernes una medida que había sido duramente cuestionada por diferentes tipos de organismos de Derechos Humanos, tanto internacionales como nacionales, asegurando que se violaban derechos humanos básicos y que se profundizaba en la estigmatización y xenofobia hacia el extranjero.
Se trata del decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri que permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarle las mínimas garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.
Uno de los motivos por el cual el anterior gobierno había impulsado ese decreto se basó en datos respecto a que al menos un 21,3% de los detenidos en el Servicio Penitenciario del país eran extranjeros, algo que finalmente fue cuestionado.
Declaran inconstitucional el DNU de Macri que endurecía la Ley de Migraciones
De esta forma, este viernes 5 de marzo el gobierno de Alberto Fernández promulgó el decreto 138/2021 que anuló así al decreto 138/2021 que había firmado Macri.
El Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante”, explicó el Gobierno en la decisión publicada hoy en el Boletín Oficial.
Al frente de la reacción se puso Rogelio Frigerio, ministro del Interior del anterior gobierno, que acusó al presidente Alberto Fernández de facilitar con su decisión la actividad del crimen organizado.
“El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”, escribió Frigerio en su cuenta de la red social Twitter.
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