En horas de la madrugada de este lunes fueron excarcelados la mayoría de los detenidos luego de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, realizada el pasado viernes en la Plaza de Mayo. Una persona no fue porque, según fuentes judiciales, existían aún dudas sobre su identidad.
Después de permanecer encarcelados e incomunicados en distintas comisarías de la ciudad, los más de treinta detenidos después de la marcha fueron trasladados el domingo a los Tribunales de Comodoro Py, donde a partir de las 14 comenzaron a prestar sus declaraciones indagatorias ante el juzgado Federal Penal Nº 5.
Las excarcelaciones solicitadas por los abogados defensores (María del Carmen Verdú, Ismael Jalil y Matías Alfieri) fueron avaladas por el fiscal Ramiro González y durante la madrugada del lunes la mayoría de los detenidos recobraron la libertad. En todos los casos continúan las causas por los delitos de intimidación pública, daños, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones en perjuicio de los policías apedreados.
Sólo quedó detenido quien originalmente se indentificara como Harold Danial Morín Castro por sus declaraciones contradictorias ante la policía y la justicia, instancias en las que primero se identificó como venezolano y luego como colombiano. Se constató que en nuestro país posee antecedentes por hurto e intento de robo y desde el consulado de Venezuela negaron que fuera de esa nacionalidad y se continúa con la investigación de antecedentes internacionales.
Desde la defensa se acusa a la Policía Federal y a la de la Ciudad por detenciones que se califican como “arbitrarias” e incluso por falsear en sus informes las circunstancias del arresto de varios de los manifestantes. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), sostuvo al respecto: “Tenemos probada la falsedad de las imputaciones”. Fuentes judiciales consultadas por Clarín reconocen el “déficit probatorio” de las detenciones presentadas por la Policía, que en la mayoría de los casos se limita únicamente a las declaraciones de los mismos efectivos. Además, desde la Policía se informó a la Justicia de las detenciones recién a partir de las 23.45 del viernes, mientras que el operativo y los arrestos habían comenzando varias horas antes.
Entre los casos más claros de “armado” policial se encuentra el de José Domingo Morales, quien presuntamente fue detenido mientras intentaba derribar el vallado de la Plaza de Mayo, pero presentó pruebas de que se encontraba en una pizzería en Avenida de Mayo y 9 de Julio largo rato después del inicio de los hechos. Denuncias por una dinámica similar en cuanto a estos arrestos arbitrarios en forma de “cacería” policial en bares alejados de la manifestación se produjo luego de la última marcha Ni una menos.
Entre los 31 detenidos, por lo menos 4 de ellos son integrantes de diversos medios de prensa. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA) exigió “el fin de las agresiones policiales contra los trabajadores de prensa” ya que además la detención a Daniel Lara, reportero gráfico y estudiante de ARGRA escuela y a Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, también fueron agredidos periodistas de varios medios en medio de la represión (movileros de la Tv Pública y de Canal 13 fueron rociados con gas pimienta, un fotógrafo de Colectiva Fotografía a Pedal recibió un balazo de goma y un integrante de Anred varios balazos de goma y gas pimienta).
En un comunicado, SiPreBA calificó la represión como una “brutal cacería” desplegada por “la Policía de Ciudad al término de la masiva movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado incluyó graves atentados contra la libertad de prensa”.
