El Gobierno nacional denunció penalmente a jueces, empresarios y otros implicados en el viaje a la propiedad del magnate inglés Joe Lewis.
La difusión inicial del viaje pero, centralmente, el escándalo desatado tras la filtración de las conversaciones de Telegram entre funcionarios judiciales, miembros de un grupo económico con intereses mediáticos, un integrante del gobierno porteño y personas vinculados al mundo de la inteligencia; motivaron al gobierno de Alberto a llevar el tema al plano de la denuncia judicial.
Con un día de demora, ya que había sido anunciado en la cadena nacional del Presidente el pasado lunes, y con la sentencia condenatoria contra Cristina sacudiendo el tablero político, el Gobierno Nacional denunció hoy a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado.
El motivo es el presunto delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas», según se informó oficialmente.
«Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento», se indicó en un comunicado oficial.
El fin de semana, como contó Informe Político, se divulgaron conversaciones en un grupo de Telegram, conformado por jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un funcionario porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la AFI, quienes intentaban coordinar una versión para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche y más una estadía en la estancia del magnate británico Joe Lewis.
Los involucrados en esas conversaciones son Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal número 10; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Penal Económico número 2; Pablo Cayssials; Juzgado Contencioso Administrativo número 9; Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro –propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA, Juan Bautista Mahiques.
Ayer, tras conocerse la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 contra Cristina en la Causa Vialidad, María Cándida Etchepare, fiscal federal de Bariloche, le pidió a la jueza a cargo del expediente del escándalo del chat que investigue el posible delito de «aceptación de dádivas» que pesa sobre jueces, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y ejecutivos del Grupo Clarín.
El paso procesal de la fiscal era esperado, luego de la difusión de los diálogos en los que el juez federal, Julian Ercolini y el procurador porteño, Juan Bautista Mahiques, deslizaran comentarios sobre la influencia hacia Etchepare, en la línea de cerrar la causa sin mayores acciones.
