Los intendentes del PRO, junto con sus legisladores, llevaron su reclamo a la Provincia respecto del Presupuesto 2023, de cara a la ley más importante que llegará al recinto de la Legislatura.
Más allá del reclamo por la falta de información sobre la ejecución presupuestaria de este año, los intendentes de Juntos dejaron a los funcionarios de Axel Kicillof su propia carpeta de requerimientos.
Esto lo integran un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y de Seguridad de 82.000 millones de pesos para 2023; coparticipar todos los fondos sin afectación directa que recibe la Provincia de Nación; pago de deudas de IOMA y otros organismos y un reparto de obras sin discriminación por color político.
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Sin embargo, los jefes comunales opositores, acompañados por los líderes legislativos de su alianza, aseguraron que hay una cuestión que les preocupa más que el número real y concreto de los fondos para distribuir entre las comunas ((52.000 para obras y 30.000 para Seguridad).
“¿De qué nos sirve que nos den 80 mil o 100.000 millones si después lo recibimos fuera de tiempo. Este año el FIM fue de 17.000 millones y otros 7.000 de Seguridad, y el adelanto que tenía que venir en marzo llegó en el segundo semestre?”, sostuvo un alcalde radical.
Por ese motivo, tras explicar al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el origen de ese monto, le señalaron que se trata de que la Provincia se comprometa a un calendario regular en el flujo de dinero,
En concreto, la pretensión de los alcaldes es que no se rinda contra proyecto, sino que el control se realice a través de la rendición ante al Tribuna de Cuentas de la Provincia a final de año.
En tal sentido, puntualizaron que “ahora te dan un adelanto para iniciar la obra, que siempre llega tarde. Después tenés que ir haciendo presentaciones parciales, con el avance de la obra y ahí empieza a trabarse. Porque te cuestionan si es caro el precio de los bulones o cuántos metros de hormigón usás. Todos detalles que retrasan las obras y después no te mandan la guita cuando deberían”.