Los fundamentos que dio desde 2015 a la fecha el Gobierno para explicar los motivos por los cuales considera que debe apartarse la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, son varios. “Militante del kirchnerismo”, irregularidades en la designación de fiscales, protección a funcionarios nacionales, fueron algunos de los primeros, a los que se le sumaron la inacción en la causa Odebrecht y la cooperación internacional de información; y el más reciente, la causa en la que se encuentra procesada por la compra irregular de un edificio para la Procuración.
Estos motivos, sumados a una presión y negociaciones que llevó adelante el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, hicieron que Gils Carbó presente hace semanas su renuncia a su cargo a partir del primero de enero del año que viene. Sin embargo, en los últimos días quedó de manifiesto otro de los motivos por los cuales se dio esa situación: el avance del nuevo Código Procesal Penal en el Senado.
Con varios cambios, a favor según le dijeron a este medio varios juristas, fiscales y funcionarios judiciales consultados, con respecto al que elaboró el kirchnerismo y que logró aprobar en 2014, pero que nunca se terminó de implementar, el nuevo Código plantea un cambio, que no tuvo su antecesor, y con el que el Procurador tendrá, de ser aprobado, una atribución que nunca tuvo en su historia: el control de las investigaciones.
Uno de los puntos claves, y con el que habría consenso en Comodoro Py, es que el sistema de instrucción pase a ser acusatorio, es decir, que sean los fiscales quienes comanden el proceso y que el juez pase a tener un rol de garante, tal y como sucede por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. En 2014 y por presión de los jueces federales, dicho fuero quedó exento, por lo que sólo se aprobó para la Justicia ordinaria nacional, que por ahora se encuentra en la Ciudad pero se prevé traspasar a la órbita porteña.
Con este nuevo escenario ,el jefe o jefa de los fiscales tendrá a su disposición la capacidad de conducir todas las investigaciones que más molestan al poder nacional y que recaen por cuestiones de jurisdicción en Comodoro Py.
No obstante ello, el nuevo Código también le da más herramientas a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero. “Con la actualización se van a agilizar mucho más los procesos. Si ponemos todas esas herramientas en las manos de una militante política puede llegar a ser muy perjudicial por el desprestigio que se puede generar en otras partes del mundo”, explicó una fuente al tanto de las negociaciones.
Es que en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo que menos quieren es que se vuelva a repetir el escenario de exclusión por filtración de información confidencial a la prensa, tal y como ocurrió con la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que terminó con el país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
