Los gremios aeronáuticos expresaron su respaldo a la propuesta del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de transferir el control y la gestión de Aerolíneas Argentinas a la Provincia de Buenos Aires. Según los sindicatos, esta iniciativa no solo es viable, sino que también se encuentra enmarcada dentro de la legislación vigente, como los artículos 246° al 248° del DNU 70/23 y el artículo 4° de la Ley de Bases.
Juan Pablo Brey , Secretario General de Aeronavegantes, “La propuesta anunciada por Axel Kicillof en cuanto a que la Provincia de Buenos Aires se haga cargo y sea la que gestione las líneas argentinas, va totalmente en línea con los artículos 246 al 248 del DNU 7023 y con el artículo 4º de la misma ley de bases que impulsó el Gobierno, por lo tanto nosotros creemos que es una solución para el Gobierno que quiere deshacerse de las líneas argentinas porque lo ven como un gasto y creemos que también por una cuestión ideológica, por lo tanto acá hay una propuesta concreta para darle una solución con respecto a este tema al Gobierno sabiendo que la provincia tiene el equipo técnico que está preparado para llevar adelante los destinos de las líneas argentinas de la mejor manera y sabiendo que la provincia la necesita como el mismo país la necesita, por lo tanto también ya hay distintos gobernadores que se están expresando en favor de este proyecto, así que nosotros lo apoyamos y confiamos en que es una solución viable para el Gobierno, para la Provincia de Buenos Aires, para otras provincias y para todo el país y para todos los argentinos y argentinas que sin las líneas argentinas quedarían desconectados.”
El también vocero de la CATT se mostró convencido en que la provincia cuenta con un equipo técnico preparado para gestionar la aerolínea y señaló que el proyecto ya ha recibido el respaldo de otros gobernadores, lo que refuerza su viabilidad.
En este contexto, los gremios criticaron la respuesta del Gobierno nacional, calificándola de contradictoria y carente de fundamentos. Desde las asociaciones sindicales remarcaron que tras meses de conflicto salarial, en los que los trabajadores enfrentaron amenazas de cierre, quiebra y el procedimiento preventivo de crisis, resulta incoherente que ahora se intente desacreditar una propuesta que ofrece una solución concreta.
