María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciuddana por los Derechos Humanos, docente universitaria de la UBA y doctora en derecho, habló de la coyuntura política, con fuertes críticas al Gobierno nacional.
-¿Que análisis hace del presupuesto presentado por el Ejecutivo para 2027?
-El Presupuesto 2027 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación es, lisa y llanamente, un dibujo colonial que profundiza la crueldad. El oficialismo sigue obsesionado con el supuesto ‘déficit cero’, pero no nos dicen que ese cero se logra multiplicando a millones el déficit social.
Las proyecciones oficiales de inflación y crecimiento económico son «números de fantasía» diseñados para enmascarar la pérdida de ingresos y el recorte en áreas esenciales. Un presupuesto no es solo una planilla de Excel para conformar al mercado externo o al FMI; es la ley de leyes donde se plasman —o se destruyen— los derechos humanos de la ciudadanía. Estabilizar la macroeconomía destruyendo la vida de las personas no es pericia técnica, es violencia institucional. El nuevo presupuesto sigue en la línea del ajuste brutal contra las mayorías trabajadoras y subordinado al pago de la eterna deuda fraudulenta e impagable. Es alarmante la desaparición absoluta de las partidas destinadas a las políticas de géneros y diversidades, y el congelamiento real de las asignaciones para las infancias. Las mujeres y las disidencias somos quienes históricamente sostenemos las tareas de cuidado en contextos de crisis, y este presupuesto nos da la espalda por completo. Exigimos un presupuesto con verdadera perspectiva de género, no esta apología de la desigualdad. Es inconstitucional e inadmisible que la Casa Rosada pretenda usar la ley de presupuesto para meter por la ventana reformas regresivas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad y la autonomía de las universidades públicas. Limitar el financiamiento universitario para evitar que el Congreso debata leyes específicas es un chantaje antidemocrático. La educación pública, libre y gratuita es el motor de la movilidad social ascendente, y la inclusión de las personas con discapacidad es un piso de derechos que no se negocia. Mientras asfixian a las provincias, a la salud y a la educación, vemos cómo se incrementan las partidas y adelantos opacos para la SIDE y los gastos militares bajo la excusa de la defensa o proyectos en el Atlántico Sur.
-En la conferencia de Ravier se hizo mención a la privatización de Aysa: ¿En qué se beneficia y en que se perjudicaría la gente si la toma un privado?
-En el Ministerio de Economía -violando la medida cautelar dictada por la Justicia que ordenaba no innovar hasta tanto se resolviera el amparo- se abrieron los sobres electrónicos de la primera etapa de la licitación y quedaron confirmados dos consorcios, Rowing-Arcos-Transclor-PHX, y Roggio. Numerosas agrupaciones ambientales, sindicales, sociales y partidarias nos convocamos frente al Ministerio para denunciar el llamado a licitación de AySA por parte del gobierno nacional. Pretenden transformar un servicio público en un negociado de unos pocos. Las criticas principales que hemos venido haciendo desde ACDH son la modificación de las condiciones regulatorias que permitirían a las empresas privadas cortar el servicio o reducir el suministro de agua a los usuarios/as morosos, siendo que el agua potable es un derecho humano fundamental y no una mercancía comercializable. También existe una fuerte preocupación respecto a la flexibilización o reducción de las auditorías y controles estatales sobre la potabilidad y el tratamiento del agua, lo que impactaría de forma directa en la salud pública. Continuarán los aumentos mensuales indexados por inflación, encareciendo un servicio básico en un contexto económico complejo. Algunos de los cuestionamientos judiciales que lograron trabas temporales en los tribunales bonaerenses señalan que el pliego de privatización no delimita con claridad las deudas y responsabilidades ambientales de la empresa. La desregulación y la falta de un control estricto del Estado podría derivar en que los nuevos operadores posterguen obras críticas de expansión de cloacas y red de agua en las zonas más vulnerables del Conurbano bonaerense, priorizando solo el mantenimiento de las áreas más rentables. La venta del 90% de las acciones estatales se usará principalmente para el pago de vencimientos de deuda a corto plazo y el equilibrio fiscal.
-¿Por qué cree que Milei se ha enfrentado con los docentes universitarios desde su asunción?
-El enfrentamiento de Javier Milei con nosotros, los/as docentes universitarios, es ideológico, presupuestario y una abierta declaración de guerra a la movilidad social ascendente.
Desde que asumió la presidencia, e incluso desde sus anuncios de campaña, la lógica del gobierno ha sido la de asfixiar lo público, y la universidad nacional es el corazón de nuestra resistencia cultural y democrática. Milei acusa sistemáticamente a las universidades y a sus profesores/as de ser centros de «adoctrinamiento marxista» o «gramsciano». Como él cree ciegamente en el fundamentalismo de mercado, cualquier pensamiento crítico, pluralista o que cuestione las desigualdades sociales le parece una herejía. Nos ataca para deslegitimar el saber científico y social que no se alinea con su dogmatismo. La asfixia presupuestaria pretende ser una herramienta de disciplinamiento: Al prorrogar presupuestos con inflaciones galopantes y vetar leyes de financiamiento universitario aprobadas por el Congreso, el gobierno licuó deliberadamente los salarios docentes y no docentes. Hoy tenemos profesores con salarios bajo la línea de la pobreza. No es un problema de «falta de plata», es una decisión política de vaciar la educación pública para forzar un esquema de privatización o arancelamiento encubierto. A Milei le molesta profundamente que la universidad sea autónoma y co-gobernada. No soportan que el conocimiento sea libre, laico y gratuito, y que no responda a los intereses de las grandes corporaciones o al capricho del gobernante de turno. Nos enfrenta porque representamos todo lo que este modelo odia.
-Que piensa sobre la justicia que revocó el fallo que frenaba la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia?
Creo que la Ley 27.801 es inconstitucional, porque no respeta ni garantiza los derechos de los niños/as y adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU insta a los países a elevar o mantener los límites de edad penal, nunca a reducirlos. La aplicación de esta norma expone a la Argentina a nuevas condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, solo había ordenado frenar por 60 días la aplicación de la ley. Lo hizo a través de un hábeas corpus preventivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, argumentando falta de infraestructura adecuada en los centros de detención. Su actitud era mesurada y responsable. Creo que el fallo de la Sala I de la Cámara que revocó la cautelar es errado y que la presión de los medios de comunicación durante estos días ha sido muy fuerte, incluso llegando a pedir juicio político para la jueza.
-¿Hay una oposición consolidada que le haga frente a La Libertad Avanza en 2027?
El panorama del año que viene lo estamos construyendo desde abajo y en la calle. Somos muchos/as los que nos unimos en todas las luchas. Acompañamos en el dolor a los más golpeados por el ajuste, la discriminación, y la violencia institucional. Las marchas antifascistas y antiracistas convocadas por colectivos LGBTQ+, las movilizaciones feministas y las ecologistas, las jornadas del 24 de marzo, las marchas universitarias, las grandes demostraciones callejeras organizadas por la CGT, las CTA y movimientos sociales, entre otras. Tenemos el desafío de convertir la bronca en esperanza.
La sociedad civil está más clara que los espacios políticos. Muchos dirigentes solo se miran el ombligo o están con disputas internas. Debemos ser profundamente disruptivos no solo para derrotar a Milei sino para acabar con una democracia maniatada a intereses económicos poderosos y un modelo de mal desarrollo basado en el extractivismo minero, inmobiliario y financiero.
El desafío es construir una democracia participativa y con justicia social, ambiental y de género.
