Luego del polémico fallo de un juez en lo Contencioso Administrativo que avalando la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de un juicio político, lo que vulnerando su condición de extrapoder respecto al ejecutivo, permitía que Mauricio Macri pudiera removerla por DNU, el ministro de Justicia, Germán Garavano salió a poner paños frios.
«Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley, esperemos que la oposición nos acompañe», aseguró Garavano, luego de decisión del juez Pablo Cayssials. «Es un fallo judicial que estudiaremos con atención, que en definitiva ratifica lo que ya hemos señalado cuando hemos enviado un proyecto de ley al Congreso, que la forma de remoción del procurador no está prevista constitucionalmente y, por ende, es inconstitucional. Y en esta línea lo que impulsaremos como lo marcamos desde el primer día de la gestión es reformar la ley del Ministerio Público Fiscal», remarcó el ministro.
El juez Cayssials, quien ya había cobrado notoriedad cuando se opuso al acceso irrestricto a la universidad, consideró hoy «inconstitucional» el artículo 76 de la Ley 27.148 del Ministerio Público Fiscal, que equipara al cargo de procurador con el de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Según el polémico magistrado, «sólo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional»; lo cuales indican que es Diputados quien «ejerce el derecho de acusar al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos» y que al Senado le corresponde «juzgar»; pero que en su enumeración no se incluye expresamente al procurador.
