El presidente Mauricio Macri decidió modificar por decreto la Ley 27.260 de «sinceramiento fiscal» y habilitó a los familiares de funcionarios a blanquear dinero negro el cual podría tener su origen en hechos corrupción. Cuando la medida fue aprobada por el Congreso, la diputada oficialista Elisa Carrió, había exigido la exclusión de los funcionarios y sus familiares del blanqueo, para evitar «un escándalo moral» y no permitir «acuerdos de impunidad».
El DNU firmado por Macri caratulado como el 1206/2016 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, Macri modificó decreto N° 895/2016 con el que había reglamentado el Libro II de la Ley 27.260. El artículo 21 del decreto imponía la restricción para aquellos que habían ocupado cargos de funcionarios públicos entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley. Por lo que al tratarse de fondos no declarados, no habría forma de estimar si lo mismos responden a orígenes lícitos o si fueron fruto de actos de corrupción vinculados a los cargos de su pariente funcionario.
Ante ello, el titular del bloque del FPV en diputados, Héctor Recalde, afirmó que se está “evaluando iniciar acciones judiciales para invalidar el decreto” dado que lo consideran inconstitucional.
