La familia Macri logró que una vez más, la causa por la quiebra del Correo Argentino quede paralizada. Pidieron la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuya titular es cercana al ex presidente y que entre sus miembros cuenta con dos ex funcionarios del PRO.
Esta vez, luego de 20 años, por la decisión de dos juezas de la Cámara Comercial que admitieron un planteo de la empresa de la familia Macri de dejar en suspenso la revisión de la quiebra decretada por la jueza Marta Cirulli hasta que la Corte Suprema defina si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), pese a ser parte de la justicia local, es una instancia habilitada para revisar este caso, lo que podría impactar en las decisiones de la justicia nacional en general.
En ese sentido, la familia del ex mandatario reclamó que el máximo tribunal de la Ciudad trate la recusación a la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, a la fiscal, Gabriela Boquín y a una de las camaristas que intervino en la causa Correo. Sin que pase por la primera instancia, como es habitual en una causa judicial, la familia del ex mandatario, apeló directamente al TSJ, que aceptó dictaminar sobre el caso.
La decisión de la Cámara Comercial fue dividida, mientras que la jueza Matilde Baller se expresó en favor de que el caso pase a la Corte, su colega Guadalpe Vázquez lo rechazó. El voto que desempató fue el de María Elsa Uzal, sorteada para intervenir únicamente en el expediente del Correo.
Si bien Baller reconoce en su fallo «la carencia de eficacia de las resoluciones dictadas por el TSJC respecto» de las resoluciones de la Cámara, sostuvo que la intervención de la Corte podría modificar la normativa que se aplicó históricamente en la Argentina.
Cabe recordar que la causa que lleva más de 20 años sin resolverse es la que Carlos Menem le dio a al grupo Macri la concesión del Correo Argentino en 1997, pero la empresa solo pagó una de las cuotas semestrales al Estado.
Asimismo, en 2003 Néstor Kirchner decidió reestatizar la empresa que para ese momento acumulaba una deuda de 300 millones de dólares y tenía pendiente un concurso de acreedores desde 2001. Pero con la llegada de Macri a la presidencia su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, acordó para que la empresa pagara en cuotas la deuda. En 2016 la fiscal Gabriela Boquín denunció que ese acuerdo implicaba una quita de casi el 99% de la deuda y el Gobierno lo dejó sin efecto.
Con el triunfo de Alberto Fernández, el Procurador del Tesoro, Carlos Zaninni, pidió que la quiebra del Correo se extendiera a las dos empresas insignia de la familia Macri, Socma y Sideco.
