A fines de esta semana el Presidente Mauricio Macri criticó el amparo logrado en Entre Ríos que prohíbe fumigar a apenas metros de las escuelas. Pero el primer mandatario no está solo en su campaña de defensa del uso de agrotóxicos, ya que la propia gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aprobó este año una ley similar en la provincia y un tiempo atrás el hoy secretario de Medio Ambiente fue el responsable de aprobar hace ya dos años una resolución reduciendo la distancia respecto de casas y escuelas en que se puede fumigar con glifosato.
Durante su visita a Entre Ríos, el Presidente cuestionó como “un fallo irresponsable” la aprobación del amparo logrado por organizaciones ambientalistas contra la ley aprobada por el gobernador entrerriano Gustavo Bordet que permitía la fumigación a metros de escuelas y poblados. Ahora se prohíbe fumigar en horario escolar ni a menos de mil metros por tierra y tres mil por aire. Macri afirmó que la norma “pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.
En 2012 la Suprema Corte provincial, basándose en un caso en la ciudad bonaerense de Alberti, había declarado ilegal una fumigación con estos químicos a menos de mil metros de cualquier vivienda, aplicando un “principio precautorio” para salvaguardar la salud de la población. Luego se reprodujeron fallos similares en tribunales de Mercedes, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Dolores y Chascomús.
En la provincia incluso se llevó a juicio a los aviadores responsables de las fumigaciones. Antonella González, de Gualguaychú, murió a los 9 años en 2017, por leucemia y hay casos similares en otras zonas fumigadas. El Hospital Italiano de Buenos Aires detectó jóvenes con cáncer en la localidad de Villa Elisa.
El rabino Bergman autorizó la fumigación con Glifosato a 100 metros de zonas habitadas
Pero el presidente insistió: “Me lo plantearon los productores y pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia”. “Si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en las últimas décadas es el de Cambiemos”, concluyó.
Pero eso podría no ser estrictamente cierto. A de este año, el gobierno provincial de María Eugenia Vidal autorizó, a contramano de fallos judiciales y ordenamientos municipales, a que se fumigue con agrotóxicos sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida que entró en vigencia el 1 de enero lleva la firma del actual ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto, y aprueba la fumigación (con glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros cuestionados agrotóxicos) sobre las escuelas rurales hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio formal de clases.
La provincia de Buenos Aires decidió pasar por alto los precedentes que certifican enfermedades derivadas de la fumigación y aprobar la la resolución 246 que contradice numerosos estudios científicos sobre el impacto negativo en la saludo de los agrotóxicos y autorizar fumigaciones directamente sobre las escuelas.
Daniela Dubois, de la Red Federal de Docentes por la Vida y el Colectivo Ambiente Saludable San Andrés de Giles, denunció: “Están avasallando los derechos de niños, niñas y adolescentes. El actual modelo de producción agroindustrial está afectando gravemente a la población en general, y en particular a las comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente a los graves riesgo de daños en la salud”.
El argumento oficial para aprobar la decisión tiene que ver con estudios realizados en el marco de las “buenas prácticas agrícolas” (BPA), una serie de mecanismos aprobados por las propias empresas que miden el posible impacto de las fumigaciones en condiciones ideales de viento y humedad y descartan un posible impacto de los agrotóxicos sobre la salud. Las empresas que defienden estas BPA son las mismas vendedoras de las semillas transgénicas y de los químicos para limitar la proliferación de plagas y malezas en los cultivos: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Recientemente conformaron en nuestro país la “Red BPA”, junto a la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), el INTA, Casafe (empresas de agrotóxicos), ASA (compañías de transgénicos) y la Sociedad Rural, entre otras entidades.
La Asociación de Medicina General de Buenos Aires (Amgba), que organiza a especialistas médicos y académicos, repudió la resolución 246 con un fuerte comunicado: “Han antepuesto los intereses del sector productivo por encima de la salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud de la exposición a agroquímicos”.
La coherencia es total. Ya en 2017 el entonces ministro de Ambiente Sergio Bergman tomó la decisión de acortar la distancia mínima para la fumigación con Glifosato a una cuadra de distancia de viviendas habitadas, contradiciendo el fallo de la Corte.
