La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quedó en el ojo de la tormenta luego de la muerte de un chofer de la línea 620 en su municipio el último domingo. El colectivero discutió con dos pasajeros que se negaron a abonar el pasaje y fue asesinado.
Acto seguido, además de múltiples reclamos por mayor prevención del delito, existió un pedido del presidente de la comisión de Seguridad en Diputados, Matías Ranzini, en el que solicita al Tribunal de Cuentas bonaerense que detalle si la municipalidad de La Matanza posee plazos fijos o fideicomisos registrados en el sistema bancario argentino y extranjero.
Desde la administración de Vidal creen que los fondos que en su momento giró el gobierno provincial para seguridad del distrito se utilizaron en un plazo fijo. La sospecha no es infundada: en 2016, gracias al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados, la jefa comunal recibió 240 millones de pesos. Pero no gastó ni un peso, tal como reveló una auditoría que realizó el ministerio que conduce Cristian Ritondo.
Los ingresos se realizaron en tres períodos diferentes. El primero de ellos se formalizó el 30 de mayo y fue de $78.906.267. Más tarde, el 7 de octubre, se hizo el pago de $81.297.366. El giro de recursos finalizó el 14 de noviembre, con otro envío de $78.906.267.
Por el momento, la integrante del PJ no dio detalles sobre el dinero. En una conferencia de prensa que brindó el martes, expresó que “esta no es una responsabilidad de los municipios y de los intendentes”. “Es responsabilidad por ley y por Constitución de la Provincia de Buenos Aires o de las provincias. Responsabilidad que en estos momentos compete a la gobernadora”, insistió.
“Hacemos inversiones más allá de las que nos corresponden, permanentemente y a nosotros nos han querido responsabilizar de lo que que no funciona en la Provincia”, afirmó, y añadió: “Nosotros queremos cuidar a nuestra gente pero no somos responsables de esto, van a tener toda nuestra colaboración en forma permanente pero lo que sí no vamos a permitir es que con el dolor se haga política obscena, el dolor de Leandro, de su familia, no es para que se haga política obscena y es lo que se ha hecho en las últimas horas”.
La respuesta del ministro de Seguridad no demoró tiempo: «Si la seguridad es responsabilidad sólo de la Provincia, ¿para qué cobra una tasa de seguridad a los habitantes?», planteó el funcionario. «¿Qué hace con ese dinero y con el del Fondo de Fortalecimiento que le dio la Provincia?», agregó.
