La propuesta del Gobierno de eliminar la exención de bienes personales para los inmuebles rurales generó malestar en el campo, que criticó la iniciativa a través de Dardo Chiesa, el titular de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Para el dirigente, la medida tendrá un impacto «enorme» y es «totalmente confiscatoria». “Hay un malestar muy grande entre los productores, porque la sociedad argentina no aguanta un impuesto más”, agregó Chiesa.
«Esta modificación se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de entre 10 y 20 veces el valor fiscal original», explicaron las patronales agropecuarias a través de un comunicado.
Con el objetivo de moderar la suba, los diputados Marco Lavagna (Federal Unidos por una Nueva Argentina) y Pablo Torello (PRO), en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, propusieron un tope de alícuota en 0,25% para los bienes rurales. A su vez, se tomará como parámetro para el pago de bienes personales las valuaciones fiscales del año 2017, corregidas o modificadas por inflación.
Esto significa que habrá una sola alícuota para todos los inmuebles rurales de personas físicas. La iniciativa contó con el aval de los restantes miembros de la Comisión, que también avanzaron con un dictamen que permite a los pequeños productores de tabaco y caña de azúcar realizar un pago único del monotributo social, y de esta manera cumplir con los compromisos de todo el año y resguardando la cuestión impositiva, previsional y sanitaria.
