El juzgado Federal de Esquel fue ocupado pacíficamente esta mañana por integrantes de la comunidad mapuche Valle del Río para exigir la renuncia del juez Guido Otranto. Un amigo de Santiago Maldonado también presentó un nuevo pedido de recusación contra el magistrado, que se suma a los ya presentados por el CELS y por la familia del artesano desaparecido hace ya más de 50 días.
A partir de las 9 de esta mañana una veintena de integrantes de la comunidad mapuche de Valle del Río, que también fue víctima de allanamientos ordenados por el juez Otranto en los que denunciaron múltiples atropellos de las fuerzas de seguridad, ocuparon el juzgado de Esquel de manera pacífica y anticiparon que no cesarán en la medida hasta que Otranto no presente su renuncia.
Moira Millan, una de las ocupantes, mostraba desde el interior del juzgado un cartel donde podía leerse: “Hemos pedido que retiren a la policía. Adentro muchos policías”. Los ocupantes esperaban poder tener una reunión con Otranto cerca del mediodía pero también se hablaba de que el juez ya habría firmado la orden de desalojo del juzgado.
En un breve diálogo con la prensa, la vocera mapuche explicó: “La comunidad Vuelta del Río ha sufrido un atropello tremendo durante el allanamiento del lunes ordenado por el juez Otranto. Bajaron en helicóptero, con armas largas, en la madrugada y los dejaron semidesnudos y esposados desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde”. “No nos vamos a ir hasta que el juez Otranto se vaya”, insisti
Desde el juzgado de Otranto se difundió un texto sobre la ocupación, que plantea: “En los hechos ha paralizado la normal actividad judicial. Debido a la modalidad de la toma se ha iniciado un proceso de diálogo a cargo de los funcionarios de este juzgado”. Luego concluye: “Del mismo modo, se les ha solicitado que con esa posterioridad tengan a bien desocupar las instalaciones del juzgado con el propósito de reanudar su funcionamiento”.
Ariel Garsi, el amigo de Maldonado que recibió una llamada desde el celular del joven desaparecido el día 2 de agosto, también presentará hoy un pedido de recusación contra el juez Otranto por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “por omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Este pedido se suma a los ya presentados por el CELS y por la familia de Maldonado. La denuncia radicará en la fiscalía federal, donde la fiscal Silvina Avila también le tomaría declaración a tres integrantes de la comunidad mapuche Cushamen.