Después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunciara haber sido objeto de persecución por “grupos de tareas” de las Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante todo el gobierno de Cambiemos, la nueva titular del organismo, Mercedes Marcó Del Pont, anticipó que formularía una denuncia penal para investigar estos hechos.
Este lunes Cristina Kirchner denunció que durante el macrismo la AFIP armó un operativo “clandestino” en su contra, con la connivencia del Poder Judicial, y presentó sendos escritos ante el organismo recaudador y el Juzgado Federal de Río Gallegos, donde pide que se anule todo lo actuado en estos operativos “ilegales”. Para la ex presidenta se puso en marcha una “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos”.
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En concreto, denuncia que en 2017, inmediatamente después de las elecciones legislativas que acababan de consagrarla senadora, un fiscal de Río Gallegos le solicitó a la AFIP de Alberto Abad que investigue su patrimonio para contrastarlo con el pago de impuestos. Irregularmente, la Fiscalía inició la investigación sin denuncias previas por evasión o informes de deudas impositivas. Cristina además asegura que hubo un pedido explícito de no notificarla, contra toda normativa de la AFIP que exige correr vista al contribuyente para que pueda ejercer su defensa, por lo que la investigación puede ser considerada “clandestina”.
En el escrito presentado ante Marcó del Pont la vicepresidenta afirma que durante la gestión anterior de la AFIP “la arbitraria conducta de las autoridades, estaba claramente destinada a hostigarme y perseguirme y no a conocer mi situación fiscal, que por otra parte, después de todas las intervenciones judiciales a las sociedades familiares y al patrimonio familiar, eran absolutamente conocidas tanto por la AFIP como por la Justicia Federal”. Por esto pide la nulidad de las acciones judiciales y administrativas tomadas en su contra en el marco del expediente “Fisco Nacional AFIP contra Fernández, Cristina Elisabet s/ Ejecución Fiscal”.
Según denuncia Cristina, durante el gobierno de Mauricio Macri se puso en marcha una “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos”, en el contexto de la que los “funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas” coordinados “con sectores del Poder Judicial” para “armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona”. En este sentido, la vicepresidenta insiste con el concepto de “lawfare”, que viene utilizando hace tiempo para explicar la acción coordinada de la Justicia, sectores administrativos del Estado, servicios de inteligencia y medios hegemónicos con el objetivo de la “destrucción de opositores políticos”.
El pedido de la presidenta del Senado de abrir una investigación administrativa habría sido atendido por Marcó del Pont, quien ordenó iniciar un sumario administrativo y una denuncia penal.
