Este domingo en México, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se realiza un plebiscito popular conocido como «consulta para juzgar a los expresidentes«, en medio de una nueva ola de Coronavirus.
De este modo AMLO intenta recobrar peso en la agenda pública y cumplir con una de sus promesas de campaña. Ya en septiembre de 2020 empezó a motorizar la consulta popular, con el envío al Senado del texto que incluía los nombres de los últimos cinco presidentes -Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Sedillo (PRI) Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI)- y apelaba a la actuación en su contra de «las autoridades competentes».
Esa pregunta inicial fue modificada por la Corte Suprema de Justicia, que entendió que la pregunta era anticonstitucional y vulneraba la separación de poderes porque no puede someterse a consulta el trabajo de la Justicia.
El presidente argumentó que «entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.
El mandatario también llamó a tener presente en la consulta escándalos como el supuesto espionaje a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, a quien vincula con los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
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“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, indica la consulta que puede ser respondida por unos 93,5 millones de mexicanos.
