Este viernes el juez salteño Pablo Pullen Llermanos dispuso que Milagro Sala sea nuevamente trasladada a su casa de la localidad El Carmen, donde ya había estado detenida durante un mes antes de que la Cámara de apelaciones revocara su prisión domiciliaria a fines de septiembre. El domicilio al que será trasladada nuevamente, a unos 40 kilómetros de la capital jujeña, no es su casa habitual y su detención allí fue absolutamente irregular, con una serie de limitaciones para las visitas y reforzamientos de la seguridad similares a los de la cárcel, que desde la defensa de la dirigente social cuestionaron por absolutamente innecesarios. Sala sería trasladada al nuevo domicilio en horas de la tarde de este viernes.
La decisión se tomó más de un mes después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara por el traslado porque su permanencia en la prisión de Alto Comedero implicaba “riesgo de vida” y a más de diez días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociera la obligatoriedad del acatamiento respecto de esa resolución. El fallo de la Corte Suprema indica que “el Estado debe sustituir la prisión preventiva” por “la medida alternativa de arresto domiciliario, que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive”.
Desde la defensa de la dirigente de la Tupac Amaru se denuncia que las condiciones de detención en el domicilio de El Carmen, ratificado por el juez Pullén Llermanos, incumplen las resoluciones de la CIDH y de la CSJN y exigen que sea trasladada a su vivienda habitual ubicada en la localidad de Cuyaya. Además del monitoreo electrónico sobre Sala, la Justicia jujeña dispuso la instalación de guardia de Gendarmería y policía local permanente en torno al domicilio, un sistema de cámaras de seguridad frente a las que la dirigente tiene que hacerse presente varias veces al día en horarios determinados y una restricción absolutamente injustificada de las visitas, limitaciones que no se aplican en ningún otro caso de prisión domiciliaria, ni siquiera a condenados por delitos de lesa humanidad.
Luis Paz, uno de los abogados de Sala, sostiene que por estas decisiones “la Justicia de Jujuy está muy cuestionada” y no descarta la posibilidad de plantear un juicio político contra Pullén Llermanos por “incumplimento” de las disposiciones internacionales y locales.
