La Justicia Electoral desaprobó hoy los informes de gastos de campaña de la alianza Cambiemos Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2017, multó a los partidos que la integraron y pidió una investigación penal por posibles delitos.
El juez federal con competencia electoral de La Plata Alejo Ramos Padilla desaprobó este martes los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal.
La campaña de 2017 de Cambiemos quedó sospechada por el caso de los presuntos «aportantes truchos» tras una investigación periodística del año siguiente. En un fallo, el magistrado ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito» seguramente sobre posible lavado de dinero. Y dispuso cobrar una multa de casi 4 millones de pesos.
Las multas:
- PRO: $3.246.965
- UCR: $990.599
- Coalición Cívica: $990.599
- Demócrata Progresista: $34.395
- Conservador Popular: $34.395
- UCeDé: $34.395
- E.A.D.I.S.: $34.395
- Partido Fe: $34.395
- Partido del Diálogo: $34.395
- Movimiento Social por la República: $34.395
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Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante. En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, «los DNI no se correspondían».
