El Municipio de Olavarría, gobernado por el intendente del PRO, Ezequiel Galli, afronta un escándalo tras destaparse una serie de denuncias por un presunto “uso indebido” de vales por mercadería y las tarjetas alimentarias “Cabal”.
Las presuntas irregularidades apuntan hacia la Subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de Silvana Rosales, diputada provincial suplente de Juntos por el Cambio por la Séptima sección electoral.
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El sistema de ayuda social que se ideó para reemplazar a la antigua bolsa alimentaria, fue lanzado en mayo de 2022, con el fin de que los beneficiarios puedan comprar libremente productos alimenticios en comercios de barrio, panaderías, despensas, supermercados y almacenes.
Inicialmente disponía de un presupuesto de 10 millones de pesos, cifra que se elevó a 15 millones en febrero de 2023 y alcanza a más de 3500 beneficiarios. Mensualmente, les depositan alrededor de 4 mil pesos para la compra de alimentos.
Desde el municipio, admitieron la existencia de acusaciones internas y decidieron dar inicio a una auditoría encabezada por el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani. El procedimiento administrativo busca determinar “fehacientemente” si existieron o no malos manejos en los fondos en el sistema de ayuda social digitalizado que ideó la gestión del intendente Ezequiel Galli.
En tanto, se decidió apartar temporalmente del cargo a Silvana Rosales, pero la propia involucrada puso a disposición su renuncia y su salida se hará efectiva en las próximas horas. En el Municipio hablan de un “desgaste” en la gestión, independientemente de este último episodio.
Si bien, aún no existe una causa penal, sectores de la oposición exigieron a las autoridades municipales que de forma “urgente” concurran a sede judicial a realizar la denuncia penal.
