El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó nuevos allanamientos a las sedes de las empresas IECSA, Odebrecht y Ghella, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para el soterramiento del tren Sarmiento en el marco del escándalo del «Lava Jato» brasileño, según establecen fuentes judiciales. El operativo tuvo lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en Alem al 800, a fin de recolectar registros de la obra.
También, el lunes por la mañana, el fiscal Federico Delgado solicitó que la Anses entregue a la Justicia un informe sobre el «respaldo legal» que tuvo la compañía brasileña de un acuerdo mutuo entre ese organismo y AYSA por $ 890.000 millones, en el marco de la construcción de dos plantas potabilizadoras en el Paraná de las Palmas que fueron adjudicadas a Odebrecht.
Delgado le indicó al juez Casanello en su solicitud que «la idea es contar con un informe y no con expedientes. Esto es decisivo, obtener un informe y no documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible».
