El fiscal Carlos Stornelli, en el marco del expediente que indaga presunta cartelización de la obra pública, reclamó ante el juez Claudio Bonadio que la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, vaya a juicio junto a empresarios implicados.
En esta causa, la Fiscalía recolectó pruebas que le permiten sostener que existió bajo la administración de Cristina Kirchner un supuesta esquema por el cual empresarios pagaron sobornos a exfuncionarios para recibir contratos de obra pública. Esto funcionó con la connivencia del ministerio de Planificación que lideró Julio de Vido.
Obra Pública: Cristina será indagada a pocos días de asumir la vicepresidencia
Uno de los imputados, Ernesto Clarens, ex secretario de la familia Kirchner, aportó pruebas y entregó planillas con registros de pagos ilícitos por parte de empresas contratistas del Estado. Stornelli indicó que «se encuentran los aportes realizados por distintos imputados colaboradores, quienes hicieron referencia al modo implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector. En ese marco refirieron que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra -generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra».
Además, el fiscal solicitó enviar a juicio a los empresarios Ángelo Calcaterra, Gerardo Cartellone, Aldro Roggio, Pedro Losi, Hugo Dragonetti, Juan Chediack, Patricio Gerbi y Wagner, entre otros, por el delito de cohecho activo.
Vale destacar que en esta investigación Bonadio procesó a Cristina Kirchner, López, Roberto Baratta, Julio De Vido y Clarens por 175 actos de cohecho pasivo. En el expediente 9608/2018, que es la causa de los cuadernos -iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno- ellos están acusados de haber integrado una asociación ilícita.
