La ley de responsabilidad penal para empresas volvió a debatirse en el Senado y el Fiscal General de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, avaló el pedido del Gobierno para obligar a los empresarios corruptos a declarar ante el Procurador General del Tesoro.
«Es muy discutible hablar de una acuerdo administrativo, pero pienso que de alguna manera tenemos que ver la posibilidad de que esas empresas puedan aportar esa información», dijo Sáenz durante su exposición ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
Se refería al polémico artículo 37 que Laura Alonso incorporó en Diputados y permite una confesión de empresarios por hechos ilícitos previos a la fecha en que se sancione la ley penal para empresas, pero no ante la justicia sino ante el Procurador del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que dependen del Poder Ejecutivo.
La oposición lo eliminó pero Alonso volvió a pedirlo este martes, al inicio del debate en el Senado. Y encontró respaldo en Sáenz: «Nuestro régimen es más rígido y por eso de alguna manera habría que zanjar esta cuestión, pero no sé si el artículo 37 era el más apropiado».
Sáenz admitió que resolver ese problema como pidió Alonso genera dudas porque «permite al Poder Ejecutivo obtener información que después va a volcar al Poder Judicial», pero consideró que «no está mal si uno lo interpreta como que es una colaboración. El tema es si uno lo ve demasiado parecido al régimen penal que establece la ley, que justamente lo que hace es hacer un acuerdo, no recibir información».
«Yo creo que la norma está prevista como acuerdo con el pensamiento que hace la ley de Brasil. O sea, ¿Por qué va a venir un empresario a darme esta información si no puedo dar algo a cambio? Por ejemplo, un acuerdo que le morigere las condiciones que después va a sufrir por dar esa información», propuso el fiscal.
También respaldó el pedido de Alonso para restringir los delitos a empresas a «cohecho, soborno internacional, malversación de caudales públicos, peculado, exacciones ilegales, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles».
