Por Facundo Aveiro (Secretario General del Sindicato del Personal de industria químicas y petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires, SPIQYP)
En medio del debate político actual, los últimos días han surgido expresiones que han generado gran controversia: la eliminación de la obligatoriedad de la educación y la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes trabajen en lugar de asistir a la escuela. Esta reflexión, realizada por el diputado nacional libertario Alfredo Benegas Lynch hijo, plantea un escenario preocupante que nos puede recordar tiempos oscuros de la historia.
Estas expresiones que fueron catalogadas por el presidente Javier Milei como “una frase desafortunada”, han generado descontento incluso entre los simpatizantes y votantes liberales-libertarios, muchos de ellos admiradores del pensamiento de Roca y Alberdi. En primer lugar, es esencial recordar que la educación obligatoria no es simplemente una imposición arbitraria del Estado, sino un derecho fundamental reconocido por numerosos tratados internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos de los Niños, creada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y puesta en vigencia en Argentina mediante la Ley N° 23.849 el 27 de septiembre de 1990. Este tratado establece que los Estados partes deben garantizar el derecho de todo niño a la educación gratuita y obligatoria.
La Ley 26.390 de Prohibición del trabajo infantil y Protección del trabajo adolescente – en consonancia con los Convenios de OIT 138 sobre Edad mínima para el empleo y 182 sobre las peores formas del trabajo infantil ratificados en nuestro país – establece la edad mínima para el empleo en 16 años bajo ciertas restricciones desde el 25 de mayo de 2010.
La Ley de Educación Nacional Nro. 26.206 establece claramente la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, garantizando así el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a una formación integral que les permita desarrollarse plenamente y contribuir al progreso de la sociedad. Eliminar su vigencia sería un grave retroceso en materia de derechos humanos.
La idea de eliminar esta obligatoriedad y permitir que los niños trabajen en lugar de estudiar es violatoria de las normas existentes y constituye un retroceso alarmante que pone en riesgo su bienestar y desarrollo integral. Sobre todo cuando se expresa a través de espacios institucionales con incidencia en el desarrollo de políticas públicas. Los últimos datos proyectados por la OIT y Unicef indican que más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en todo el mundo.
En Argentina, los últimos datos oficiales de 2016 señalan que alrededor de 1.000.000 de chicos de entre 5 a 15 años realizaban algún trabajo. Si bien no contamos con datos oficiales actuales, podemos inferir que el número se ha triplicado si tenemos en cuenta que la pobreza alcanza a casi el 60%, y que 6 de cada 10 niños viven en hogares pobres y un 15% de ellos en hogares indigentes.
Las actividades más frecuentes realizadas por niños, niñas y adolescentes se encuentran en el ámbito rural, producto de la informalidad y las precarias condiciones de trabajo, trabajando en la cosecha, cuidado de animales, limpieza de herramientas, carga y descarga, mientras que en el sector urbano encontramos venta ambulante, servicios a automovilistas como abrir y cerrar puertas de taxis, limpieza de vidrios, trabajo doméstico intensivo intrahogar y en hogares de terceros, talleres de producción de indumentaria. Es importante señalar que no hay trabajo infantil sin consecuencias físicas, psicológicas y sociales. El trabajo infantil resta tiempo para estudiar y jugar.
El modelo socioeconómico liberal actual es productor de trabajo infantil; en la medida que crecen la pobreza y el desempleo, se retrocede en derechos, no se cubren las necesidades básicas y crece el trabajo infantil. El niño que trabaja será un adulto que no podrá acceder a trabajos calificados.
Cuando hay derechos vulnerados, el Estado es el principal responsable de crear los mecanismos para restituirlos. Debe garantizar que todos tengan acceso a una educación de calidad que les brinde las herramientas necesarias para construir su futuro.
Argentina: algunos recordatorios sobre políticas educativas
Recordemos que durante siglos los niños fueron explotados laboralmente en condiciones inhumanas, privados de su derecho a la educación y condenados a una vida de pobreza y falta de oportunidades. Durante el siglo XIX, la Revolución Industrial trajo consigo condiciones laborales extremadamente duras para los niños en fábricas, minas y otras industrias. Los niños eran empleados en jornadas laborales extenuantes, expuestos a peligros físicos y privados de educación y recreación.
En nuestro país, Julio Argentino Roca y Juan Bautista Alberdi, admiradas por el arco liberal libertario, fueron defensores de la educación laica, gratuita y obligatoria como un pilar fundamental para el progreso y la formación de ciudadanos responsables.
Cuando Roca llegó a la presidencia, planteó como uno de sus principales objetivos la educación obligatoria inicial y se propuso extenderla a los sectores populares. El Congreso Pedagógico Nacional de 1882, convocado durante el primer mandato, se constituyó como un evento fundamental en la historia de la educación argentina.
Este congreso reunió a destacados educadores, intelectuales y políticos de todo el país para discutir y deliberar sobre cuestiones relacionadas con la educación primaria y secundaria. Durante un año, el Congreso Pedagógico analizó diversos aspectos del sistema educativo argentino, tales como la organización escolar, los métodos de enseñanza, los contenidos curriculares y la formación docente. Se debatieron ideas sobre la importancia de una educación laica, gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos, así como la necesidad de promover la alfabetización y la instrucción cívica.
Las conclusiones y recomendaciones del Congreso Pedagógico sentaron las bases para la posterior promulgación de la Ley 1420 en 1884, que estableció la educación primaria obligatoria, gratuita y laica en Argentina. Esta ley marcó un antes y después en la historia educativa del país al garantizar el acceso universal a la educación básica y sentar las bases para un sistema educativo más inclusivo y democrático. Más tarde, durante la segunda presidencia de Roca, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la educación técnica para preparar a los jóvenes para el mercado laboral en un contexto de crecimiento industrial.
También la visión de Alberdi sobre la educación como un instrumento clave para la construcción de una sociedad democrática y desarrollada influyó en las políticas educativas argentinas posteriores, destacando la importancia de una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo integral de la sociedad. Es importante reconocer que algunas de sus ideas también estaban marcadas por prejuicios y visiones eurocéntricas que excluían a varios grupos sociales, lo que cuestiona la verdadera universalidad de su enfoque educativo. En conclusión, rechazamos enfáticamente cualquier propuesta que ponga en peligro el derecho de los niños a una educación de calidad y promueva la explotación laboral infantil.
A las propuestas de retroceso de los avances logrados en materia de derechos humanos y educación le oponemos el impulso de políticas que fortalezcan la justicia social, sosteniendo nuestras banderas históricas de trabajo digno para los adultos y educación de calidad pública y gratuita para los niños y las niñas.
NO AL TRABAJO INFANTIL.
