Después de que los responsables de la tercera misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieran con el ministro de Economía Nicolás Dujovne y con el director del Banco Central Guido Sandleris se descuenta la aprobación de los USD 10.700 millones correspondientes al desembolso de marzo.
El encuentro se llevó adelante en el salón Scalabrini Ortiz del Palacio de Hacienda, también con la presencia del secretario de Política Económica Miguel Braun, el secretario de Hacienda Rodrigo Pena, la vicepresidenta segunda del Banco Central Verónica Rappoport y el representante argentino ante el FMI Gabriel Lopetegui.
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La misión del organismo de crédito internacional, encabezada por el italiano Roberto Cardarelli y el jamaiquino Trevor Alleyne, mantuvieron a lo largo de las últimas semanas múltiples reuniones, tanto con funcionarios del oficialismo como con representantes de la oposición, entre los que se contaron Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Roberto Lavagna y dirigentes de la CGT.
Según fuentes oficiales, el último encuentro de la misión del FMI con los referentes económicos del Gobierno fue “muy tranquilo, de aproximadamente una hora”. “Se conversó sobre el seguimiento de la meta fiscal y monetaria que fueron cumplidas y el Fondo informará en breve la aprobación del préstamo”, ampliaron.
Los representantes de la misión técnica ahora volverán a Washington para elaborar el informe final de la auditoría que evaluará el Board del organismo internacional el 26 de marzo. Desde el Gobierno descuentan la aprobación del próximo desembolso ya que los números económicos se encuentran dentro de lo acordado: déficit fiscal del 2018 que cerró en 2,4%, 3 décimas por debajo de la meta fijada, sobrecumplimiento del objetivo de base monetaria durante cuatro meses consecutivos y retroceso de la deuda flotante de 14,2%.
La próxima visita de revisión será en el mes de mayo, cuando se supone que los números ya no serán tan favorables al oficialismo, particularmente en lo que hace al tema fiscal, ya que la recaudación podría verse afectada por la sostenida recesión y por la obligación estatal de cumplir con un fallo de la Corte Suprema que obliga a liquidar coparticipaciones pendientes con la provincia de San Luis por 15 mil millones de pesos (que podrían elevarse a 75 mil si se sumara un fallo similar por un planteo de Santa Fe).
