Pablo Moyano por estas horas sigue con atención el debate en el Congreso por el acuerdo con el FMI, con una posición que todavía no mostró, y busca justicia: está convencido de que fue perseguido judicialmente por el macrismo, a través de una organización que lideró el Procurador Julio Conte Grand.
Así lo plasmó en una denuncia que instrumentó, en la cual estableció que existió una presunta «asistencia y colaboración de funcionarios provinciales, miembros del poder judiciales y fiscales con la finalidad de procesar y encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas y abogados que intervenían en las defensas».
La presentación, realizada por Daniel Llermanos, además afirmó que esta organización estuvo atrás de «denuncias falsas, generar testimonios mendaces mediante instigación, extorsión, amenazas y/o apremios, infiltrar en la defensa de personas detenidas a abogados pertenecientes contratados para influir en los testimonios falsos, manipular con fraude procesal material probatorio como evidencias digitales mediante procedimientos ilegales, emplear medios periodísticos para la masiva difusión de las actuaciones tendiente al escarnio público de sus víctimas, emplear ilegalmente fondos del erario público para financiar las actividades descriptas”.
Grabois anticipó que sus diputados no votarán a favor del acuerdo con el FMI
Y “estructuró el plan delictivo en dos etapas desarrolladas en sendas causas penales dentro del ámbito de Departamento Judicial de Lomas de Zamora”, cuyas responsabilidades atribuye en principio al Procurador General doctor Julio Conte Grand por la comisión de los delitos de instigación al Prevaricato y Abuso de Autoridad.
Por otro lado, mencionó la acusación a Sebastián Scalera, “cuyas irregularidades –según dijo- no tienen límite”, entre otros representantes del ministerio público fiscal.
Moyano, con toda la evidencia a su favor, tras la revelación del video en el Banco Provincia sobre la existencia de una Gestapo antisindical, confía en que la Justicia le dará la razón. Paralelamente, continuará activo, realizando actividades sin necesidad de conversar con la CGT, marcando siempre un contraste con «los gordos»: si tiene que marchar contra el Gobierno, lo hará sin dudar. Desde su entorno, son más que claros: «el objetivo es la defensa de los trabajadores, el sindicalismo no puede ser un apéndice del Gobierno».
