La brutal represión de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería alrededor del Congreso durante la protesta contra la reforma previsional dejó como saldo numerosos heridos y más de 4º detenidos. Además de varios diputados nacionales, por lo menos cinco periodistas fueron golpeados y baleados por las fuerzas de seguridad. El SiPreBA reclama una investigación de estos ataques y pide la renuncia de Patricia Bullrich y diversos organismos de derechos humanos convocaron a conferencia de prensa contra el «uso de la violencia y represión estatal para la resolución del conflicto social y la violación de derechos constitucionales a la protesta».
El impresionante operativo de seguridad montado por el Gobierno para tratar de evitar que las columnas de manifestantes se acerquen al Parlamento durante el tratamiento del proyecto de ley de reforma previsional concluyó con escenas de batalla callejera que remitían a la crisis de diciembre de 2001. Aún después de levantada la sesión parlamentaria y cuando los manifestantes estaban desconcentrando, las fuerzas de la PFA y de Gendarmería continuaban deteniendo a gente casi al azar en la zona de Congreso en lo que varios medios calificaron como una auténtica “cacería”. Esta dinámica es similar a la ocurrida después de la primera marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, cuando fueron detenidas y procesadas más de 20 personas, que luego de semanas de investigación la Justicia debió desprocesar al comprobarse que las causas armadas por la Policía eran absolutamente insustentables y caprichosas.
En este contexto, que se suma a la represión del miércoles en la que fueron golpeados los diputados Leonardo Grosso y Victoria Donda, la marcha del jueves también tuvo a varios parlamentarios como víctimas de la violencia. La foto de siete policías tirándole gas pimienta a 10 centímetros de la cara a la diputada Mayra Mendoza está dando la vuelta al mundo y se preparan las denuncias correspondientes por un uso de la fuerza sin relación proporcional a la situación a controlar. Sin embargo, el diputado Eduardo Amadeo, consideró que el gaseo sobre Mendoza “estuvo perfecto”.
También fueron víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad diversos periodistas. El reporteo gráfico de Clarín Germán García Adraste recibió cuatro balazos de goma, lo mismo que Federico Hauscarriaga, corresponsal de ANRed. Pablo Pirovano, fotógrafo de Página 12, recibió diez balas de goma: “Estaba sobre Rivadavia y Montevideo, un policía me vio con mi cámara en mano y me disparo a medio metro, estaba con mi cámara y con los ojos casi sin ver, recuperándome de los gases, y me dispararon”, contó. También Leandro Teysseire, fotógrafo del mismo medio, fue herido con una bala de goma en el abdomen. Guido Rodríguez, camarógrafo de C5N, recibió un balazo de goma en la zona abdominal. Y un cronista de América TV también resultó herido, lo mismo que Pablo Cuarterolo y Marcelo Silvestro, reportero gráfico, ambos de Perfil. Las agresiones contra periodistas no se dieron solamente en el exterior del Congreso, ya que cuando la sesión ya se había levantado un sujeto que dijo ser “jefe de seguridad de Diputados” pero se negó a identificarse pretendió sacar por la fuerza del recinto a dos periodistas que tomaban nota de una reunión de pasillo entre Elisa Carrió, Graciela Camaño y Marco Lavagna. Ante la negativa de los periodistas le pegó un cabezazo en la frente a Nicolás Fiorentino, editor del portal Letra P.
Frente a estos hechos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió las declaraciones del jefe de Gabinete Marcos Peña que afirmó que los periodistas heridos en realidad “fueron agredidos por los manifestantes”. El comunicado del gremio periodístico denuncia: “Los vergonzosos episodios protagonizados por las fuerzas que responden a la ministra Bullrich no hacen más que confirmar el rumbo que comenzó a insinuarse con el “protocolo” que pretendía encerrar a los reporteros gráficos en un “corralito”, apenas iniciada la gestión Cambiemos, y que también incluyó la detención arbitraria de trabajadores de prensa en la marcha del 1º de septiembre, al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado”.
En la conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede del SiPreBA, Tato Dondero, uno de los referentes del gremio, planteó: “Exigimos la renuncia de Patricia Bullrich. Marcos Peña es un cínico, pedimos rectificación. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir mostrando lo que pasa”. El Sindicato de Prensa de Rosario también manifestó su repudio a los hechos en duros términos. En horas de la noche del jueves, sin que se hiciera ninguna referencia a la represión de horas atrás, tanto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como el titular del Sistema Federal de Medios Públicos Hernán Lombardi participaron del cóctel de fin de año del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
En relación con los aproximadamente 40 detenidos, durante la noche se realizaron vigilias frente a las diversas comisarías a las que fueron trasladados. En general, las imputaciones policiales responden a los delitos de intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones. Las causas se encuentran en el juzgado de Claudio Bonadío que estaba de turno.
A las 11 de este viernes el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organismo de derechos humanos encabezado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel convoca a una conferencia de prensa, junto a la Comisión Bonaerense por la Memoria (CPM), algunos de los diputados agredidos y otros referentes de DDHH como Nora Cortiñas, convocan a una conferencia de prensa “ante los graves acontecimientos ocurridos en las últimas 48 horas”.
El comunicado de la CPM plantea: “Asistimos al uso de la violencia y represión estatal para la resolución del conflicto social y la violación de derechos constitucionales a la protesta y las manifestaciones públicas, todos hechos de profunda gravedad institucional que ponen en serio riesgo el orden democrático”. El Serpaj, por su parte, manifestó: “La masiva militarización del espacio público y el cerco de gendarmes alrededor del Congreso Nacional, sumada a los distintos hechos de represión violenta de las manifestaciones públicas de los últimos días, exponen con crudeza la decisión del gobierno de criminalizar los reclamos populares, en este caso contra una medida regresiva que afectara a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son los jubilados y pensionados, niñas, niños y adolescentes que perciben la AUH y ex combatientes de Islas Malvinas”.
