La iniciativa impulsada por el Ejecutivo Provincial busca que se declare el estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad de Santa Fe hasta el 30 de junio de 2021.
Desde el Gobierno de Omar Perotti, brindaron en diálogo con Informe Político un cuadro de la situación provincial con la que se encontraron al arribar al Gobierno. El déficit del 2019, según fue confirmado, asciende a 18.656 pesos, mientras que la deuda flotante es de 27 mil milllones. En tanto la deuda FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales) llega a 16.450 pesos.
El paquete denominado “Ley de Necesidad Pública”, incluye las emergencias financiera, en seguridad, alimentaria y sanitaria, entre otros puntos, algo que finalmente podría ocurrir esta semana.
En lo que respecta a la emergencia financiera, el Gobierno de Omar Perotti solicita la posibilidad de acceder a los mecanismos de crédito para resolver la deuda consolidada y la autorización para contraer un endeudamiento que recupere el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, en el orden de los 15 mil millones de pesos.
Para mejorar los ingresos del tesoro provincial, la iniciativa oficialista plantea la posibilidad de una moratoria de recursos no tributarios como por ejemplo deudas de infracciones de tránsito. Estas medidas, entienden desde el Gobierno, brindarán la posibilidad de sostener el congelamiento las tarifas de todos los servicios públicos, mantener el funcionamiento de los programas sociales y alimentarios y la posibilidad de contar con financiamiento para la constitución del Boleto Educativo Gratuito.
En lo que respecta a seguridad, la ley plantea reformar y modernizar la estructura policial que data de 1975, con el objetivo de dotar a la Provincia de Santa Fe de una policía moderna, mejor equipada, mejor remunerada y mas profesionalizada. «Con la creación del “Programa de Emergencia en Seguridad”, el objetivo es contar con los fondos necesarios que permitan agilizar la adquisición de equipamiento (patrulleros, chalecos, armas, etc.) y contar con los recursos humanos que sirvan para prevenir y combatir la criminalidad de la provincia. La ley permitirá también reincorporar personal retirado, así como otorgar asignaciones no remunerativas al personal policial y poder afectar en forma transitoria o definitiva al personal de la administración pública (con su consentimiento) a tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o dependencias policiales. También permitirá separar a aquellos policías que se no son aptos para la prestación del servicio», explicaron a Informe Político.
El proyecto contempla además crear una comisión bicameral encargada del seguimiento y control del gasto.
La emergencia alimentaria, por otra parte, plantea la creación del programa Emergencia Alimentaria con un fondo del orden de los $2500 millones que prioricen atención a comedores comunitarios, programas nutricionales y alimentarios, como programas de empleo, capacitación y fomento de la economía social. Mediante la misma se busca lograr por todos los medios la plena, el pleno derecho a una alimentación adecuada sobre todo en los niños y adolescentes. En el mismo sentido, el objetivo es incrementar del valor de la Tarjeta de Ciudadanía y reforzar el programa alimentario que ha desarrollado el gobierno nacional.
La emergencia sanitaria, en tanto, estipula la creación de otro fondo de $2500 millones, destinado exclusivamente a programas de atención de la recuperación de la salud, a fomentar las actividades del LIF (laboratorio provincial), y a mejorar los programas de equipamiento para el sistema hospitalario y el sistema de emergencias y traslados.
El legislador peronista Marcelo Lewandoski consideró que el proyecto «no es para un gobierno, sino para toda la ciudadanía». La semana pasada, legisladores frentistas y los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón, analizaron el proyecto de ley, que se encuentra bajo la lupa de seis comisiones de la Cámara alta.
Para los referentes de la oposición, que prometieron tomarse el tiempo que consideren necesario antes de encarar el tratamiento parlamentario, los retoques en la iniciativa oficial pasan por la no delegación al Ejecutivo de facultades que le corresponden a la Legislatura y la renegociación de contratos de obras públicas.
También hicieron hincapié en el endeudamiento requerido por la administración de Perotti y, al respecto, reclamaron garantías para los recursos de los municipios y las comunas.
