El debate político sobre las medidas que está llevando adelante el Gobierno nacional para combatir a la pesca ilegal en nuestras aguas territoriales se reabrió en los últimos días después de que el piloto y cineasta Enrique Piñeyro viralizara un video que mostraba una “ciudad flotante” de pesqueros ilegales de distintas nacionalidades depredando la riqueza marítima argentina y convocara a unos 300 periodistas a sobrevolar la flota, que se encontraba realizando operaciones dentro del mar argentino, a muchos kilómetros de la zona de exclusión. Desde Juntos por el Cambio denuncian que Prefectura no cuenta con el presupuesto y la infraestructura para hacer cumplir los controles y el oficialismo denuncia que la oposición se retiró del Senado al momento de votar la ley que aumentaba las multas contra la pesca ilegal.
Además de representar una amenaza ecológica y un ataque a la biodiversidad marítima, la de la pesca ilegal constituye el sexto negocio criminal más lucrativo del mundo, según un Global Financial Integrity, con ingresos de entre 15 mil y 36 mil millones de dólares anuales. Según regulaciones internacionales la pesca extranjera sin autorización no está habilitada antes de las 20 millas marítimas del continente. Pero flotas de China, Corea, Portugal y España cruzan constantemente la línea para capturar toneladas de calamar (cuya temporada está en curso), merluza, langostinos y abadejo. Pese a las desmentidas oficiales del gobierno chino, se sabe que uno de los principales responsables de este delito se estima que es la flota de gran distancia de ese país, que cuenta con 17 mil buques, incluyendo pesqueros, de transporte, de apoyo y suministro. Se estima que, más allá del daño ecológico, la actividad genera un perjuicio de cerca de 2 mil millones de dólares anuales para nuestro país.
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Desde sus redes sociales, Piñeyro denunció que esta flota “estaba bien adentro de nuestras aguas territoriales” y agregó: “¿Qué hace el Gobierno por ‘apagar’ esta ciudad? La verdad es que no hace nada. Pero no hizo nada el Gobierno anterior, ni el anterior. Hace 40 años que vuelo y estoy viendo que lo que anteriormente era una ‘manchita’ ahora es una ciudad. Estas cosas sólo pueden pasar si nadie controla. Hasta ahora nadie hizo nada. Ojalá que todo esto sirva para que se tome la decisión política de asignar presupuesto y logística para poder detectar, primero, controlar, después, y sancionar, por último. Es posible decomisar todo, secuestrar los barcos. Si no hay control, es ‘piedra libre’”.
Milko Schvartzman, especialista en conservación marina que trabajó durante 16 años como coordinador de campañas internacionales sobre el tema para Greenpeace, reconoce la gravedad del problema de la pesca ilegal e insta a avanzar también en su combate en el ámbito jurídico y diplomático, pero aclara que en las imágenes difundidas por Piñeyro “no había barcos realizando pesca ilegal en ese momento” y que gran parte de la flota que se puede apreciar en el video viralizado son barcos poteros de nuestro país.
Más allá de estas precisiones, numerosos referentes políticos se subieron a la denuncia del cineasta. El diputado nacional PRO Ignacio Torres, consideró al respecto: “El perjuicio económico que nos genera es de miles de millones de dólares. Pero también hay una cuestión no menor, que es una cuestión de soberanía”. En este sentido, denunció que “si bien hay una radarización del mar y hay un sistema satelital muy eficiente, la flota de la Prefectura es muy limitada, incluso en relación a otros países vecinos”. Y concluyó: “Hoy el dilema en cuestión es una Prefectura que está desmantelada, que no tiene los elementos necesarios para poder actuar en consecuencia, y que nos genera un perjuicio económico enorme y pone en riesgo cuestiones vencibles de soberanía”.
Decís piratas como a los que Macri les entregó nuestros recursos con Foradori-Duncan?
Como sea, celebro que ahora se conmuevan con este tema. Sin dudas, pueden hacer un gran aporte apoyando mi proyecto contra la #PescaIlegal. #QueSeaLey https://t.co/wcraX44m16— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 3, 2021
También el diputado nacional PRO Francisco Sánchez tuiteó: “No sorprende que el kirchnerato se haga el distraído con los pesqueros piratas, pero la verdad es que llevamos muchos años de olvido del Mar como territorio argentino y como recurso estratégico. Debemos volver a poner al mar en el eje de nuestro desarrollo”. La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos lo cruzó recordándole: “¿Decís piratas como a los que Macri les entregó nuestros recursos con Foradori-Duncan? Como sea, celebro que ahora se conmuevan con este tema. Sin dudas, pueden hacer un gran aporte apoyando mi proyecto contra la Pesca Ilegal”.
Vallejos, (que viene denunciando que debe castigado el acto de “piratería” que implica “la captura insostenible de las poblaciones originarias de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE), como el calamar y la merluza, que ponen en riesgo el ecosistema, y atentan contra nuestro desarrollo), ya presentó por dos proyectos sobre el tema, uno para tipificar como delito a la pesca ilegal y otro “para instar a una eficiente radarización apuntando a un mejor control de estos actos de saqueo”.
En cuanto al acuerdo Foradori-Duncan, se refiere al firmado en septiembre 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, por el vicecanciller (segundo de la entonces titular de la cartera Susana Malcorra) Carlos Foradori y el canciller inglés Alan Duncan, por el que argentina, además de otros temas se comprometía a entregar información al Reino Unido sobre la biomasa marítima del Instituto Nacional de investigación y Desarrollo Pesquero, cediendo de hecho el control pesquero entre el paralelo 48.3 y el 60. El acuerdo fue suspendido por el actual canciller Felipe Solá en junio del año pasado, por considerar que “es uno de los temas soberanos, no podemos entregar datos estratégicos a quien usurpa”.
Unos meses después, en septiembre de 2020, Solá también había cargado contra los legisladores de la alianza opositora recordando que “se levantaron de una sesión en la que se tratan temas fundamentales de nuestra soberanía” (en referencia a la sesión del Senado donde se aprobó una reforma al Régimen Federal de Pesca implementando un aumento de multas para la pesca ilegal en el Mar Argentino). Esto también fue recordado a los referentes de JxC que plantearon críticas por la pesca ilegal.
Además, desde el Gobierno se recordó que a fines de enero también se creó la “Unidad de Coordinación de Certificación de Capturas y Exportaciones de peces en el mar argentino”, dependiente de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca que entre otras funciones apunta a participar en la “elaboración y ejecución de los instrumentos para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, preparar “toda la información atinente a las certificaciones de la actividad pesquera dentro de la ZEE”, “verificar todas las capturas, manteniendo los plazos de la operatoria comercial” y “certificar que las capturas, tanto las que correspondan a la jurisdicción nacional como provincial se hayan realizado de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales aplicables, así como con las medidas internacionales de gestión y protección”.
Además de la reforma al Régimen Federal de Pesca, desde el oficialismo destacan la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina (un trabajo de más de dos décadas de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental, dependiente de Cancillería). El Gobierno también recordó que, en el marco de las operaciones de control de Prefectura y Armada, en mayo del año pasado fueron detenidos por Prefectura y Armada tres buques (dos chinos y uno portugués) que pescaban ilegalmente en el mar argentino y que se aplicaron multas por 230 millones de pesos.
