Pese a la normativa que impera, pesqueras extranjeras se las ingenian para operar en aguas argentinas sin autorización, recurriendo a polémicas maniobras para continuar usufructuando recursos nacionales.
Prueba de ello es lo que realizó Pescapuerta, una firma española que logró ceder sus activos a una firma de la Argentina para continuar operando, por ejemplo, en las Islas Malvinas sin autorización alguna, recaudando millones de dólares en los últimos cinco años.
Así figura en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia de Chubut del 19 de agosto de 2015, con la modificación del artículo 1 de su estatuto social, que deja constancia que su denominación es “Estrella Patagónica SA y es continuidad jurídica por cambio de denominación social de Pescapuerta Argentina SA”.
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De este modo, sin aval de las autoridades a cargo de la problemática como la Subsecretaría de Pesca o Consejo Federal Pesquero, la empresa española logró llevar adelante sus negocios en las zonas prohibidas.
Y la ley, que determina que los operadores pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización), que incluye a aquellas firmas que trabajan en zona de exclusión, ilegalmente establecida por el Gobierno británico alrededor del archipiélago, no se cumple de modo taxativo.
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