El fiscal platense Álvaro Garganta cerró la investigación contra el ex gobernador Daniel Scioli y otras 38 personas incluidos varios ex integrantes de su gobierno por el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) y pidió que la causa sea debatida ante un tribunal oral.
La causa se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió y el fiscal Garganta decidió enviar a juicio al ex Gobernador por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
Garganta sospecha que Scioli adjudicó de manera irregular nueve obras públicas para construir Unidades de Pronta Atención a la empresa de su amigo el empresario Ricardo Estanislao Miller, y que éste entregaba dádivas al ex gobernador.
En su indagatoria, Scioli negó haber recibido dádivas o haber beneficiado a Miller y sostuvo que todas las contrataciones durante su gestión se realizaron acorde a la normativa vigente.
Los abogados defensores de Scioli, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molinaarbitraria, aseguraron que la desición de Garganta «resulta básicamente arbitraria y con manifiesta falta de objetividad, ya que no se ajusta a la
prueba producida en la investigación».
El pedido de elevación a juicio también incluye el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez; el ex director de Aguas Bonaerense Gullermo Scarcella; el ex ministro de Salud Alejandro Collia; el director administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone; y el empresario Ricardo Estanislao Miller.
