El Gobierno nacional pidió que sean enviados a juicio político los tres jueces de la Cámara Civil que convalidaron la posición del Instituto Patria de mantener en reserva los datos de sus asociados. Así, los camaristas Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo podrían ser enjuiciados por “mal desempeño” en el Consejo de la Magistratura.
La Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de Germán Garavano, solicitó al Consejo de la Magistratura que suspenda a los camaristas que la semana pasada avalaron la posición del Instituto Patria (sede política de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner) de no presentar las copias de su Libro de Asociados, amparándose en que se trataría de información sensible protegida por la ley de datos personales.
El requerimiento de la IGJ se funda en la obligatoriedad que tienen todas las asociaciones civiles de presentar este documento para funcionar, por lo que para el oficialismo el fallo de los camaristas constituiría un “fallo político”. La IGJ consideró que “La sentencia está viciada de parcialidad y arbitrariedad”, por lo que se pidió un jury para los magistrados. Y en su denuncia añade: “Puso en crisis al organismo vaciándolo de contenido con respecto a sus competencias en materia de asociaciones civiles”.
La disputa en torno a la presentación del libro de afiliados ya lleva meses. Según la Inspección General de Justicia se trata de una requisitoria de datos meramente nominativa a fines de “fiscalizar fehacientemente los aportes recibidos de parte de sus socios” y la licitud o no de esos aportes. Luego de una sanción de la IGJ el Instituto Patria consiguió el aval de la Cámara L de la Cámara Civil, que consideró que “la manda impuesta por la IGJ lesiona derechos constitucionales de los asociados del Instituto Patria, como el derecho a la no discriminación y la libertad de conciencia”, en un fallo ahora cuestionado como “político”.
El pedido de juicio político de la IGJ contra los tres camaristas además plantea que en el caso de Marcela Pérez Pardo, quien es vocal de la asociación de juristas Justicia Legítima, “la magistrada podría tener un interés en el resultado del pleito y es por eso que se tendría que haber excusado”. El Consejo de la Magistratura sortearía hoy al instructor que llevará esta denuncia.
