Dos fiscales pidieron procesar al ex jefe de Gabinete durante el kirchnerismo Juan Manuel Abal Medina por presuntas irregularidades en la entrega de fondos para los «Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos» (GIRSU), destinados al tratamiento de desechos. El año pasado el juez Claudio Bonadío decidió procesar a otros dos jefes de Gabinete (Aníbal Fernández y Jorge Capitanich) por el reparto de subsidios, pero en el caso de Abal Medina había decidido dictar la falta de mérito luego de su declaración indagatoria.
La causa se inició con la denuncia del ministerio de Ambiente de la actual administración, que estableció gracias a una auditoría conjunta con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que “durante el período 2013-2015 se giraron un total aproximado de $590.136.927 a distintos municipios, discriminados de la siguiente manera: en el año 2013 se debitaron $182.856.775 a 75 municipios de 13 provincias; en 2014 se transfirieron $275.065.082,98 a 64 municipios de 11 provincias; y en 2015 se otorgaron $132.215.069 a 42 municipios de 8 provincias”. Como parte de la investigación se evaluaron los 194 expedientes administrativos donde constan las transferencias de dinero y se observaron numerosas irregularidades entre las que se cuentan la falta de un mapa crítico respecto de la situación de la gestión de residuos sólidos en los distintos municipios, diferencias en los tiempos de tramitación de solicitudes, falta de control interno en la ejecución de los planes por lo que se realizaron numerosas transferencias ya vencidas y pendientes de rendición e incumplimientos parciales o totales de los objetivos.
El informe también destaca que ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni diversos municipios de seis provincias que presentaron proyectos para el tratamiento de residuos sólidos urbanos (Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego) fueron contemplados en la asignación de fondos, mientras que cuatro jurisdicciones (Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja) obtuvieron casi el 79% de los subsidios.
Para Bonadío, el ex diputado y actual integrante de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por designación del actual Gobierno, había actuado diferente de Fernández y Capitanich porque al informarse sobre las irregularidades en GIRSU por un informe de la SIGEN dio intervención a la Auditoría de la Jefatura de Gabinete para ordenar el tema. Sin embargo, ahora el fiscal federal Carlos Rívolo y el fiscal de Investigaciones Administrativas José Ipohorski Lenkiewicz apelaron la falta de mérito por considerar que Abal Medina tuvo el mismo grado de responsabilidad que sus predecesores al frente del Gabinete de Ministros ya que durante 2013, el último año de su gestión, hubo transferencias a través del GIRSU por más de 182 millones de pesos a 75 municipios de 13 provincias.
Los fiscales concluyen respecto de la responsabilidad de Abal Medina: “Corresponde destacar que, a posteriori de haber tomado conocimiento de dichas irregularidades detectadas en la auditoría que se realizó sobre el programa que se hallaba bajo su órbita, el ex funcionario no sólo no ordenó subsanar y/o revisar de inmediato todos los trámites pendientes de ejecución, sino que -con cabal conocimiento de aquellas claras alertas- continuó autorizando el traspaso de fondos a distintos municipios en diversos expedientes en los que también se evidenciaban groseras irregularidades administrativas, prestando una colaboración indispensable para perpetrar la maniobra ilícita”.
La apelación deberá ser resuelta por la Sala I de la Cámara Federal integrada por los camaristas Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia.
