La querella del exministro de Economía Alfonso Prat-Gay pidió este viernes condenar a al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a doce años de prisión por presunta instigación al falso testimonio agravado y violación de secreto, a raíz de una falsa denuncia hecha en 2014 que lo vinculó con una asociación ilícita y evasión, según fuentes judiciales.
El abogado del ex ministro, Alejandro Carrió, quien se desempeña como querellante en este juicio oral, solicitó dicha pena por considerar al exfuncionario instigador de falso testimonio y por violación de secreto y por abuso de autoridad. Se trata de la pena máxima que el Código Penal establece para esos delitos.
Además, reclamó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Lo hizo al término de un alegato final donde pidió diez años de condena por supuesto «falso testimonio agravado» para otros dos exfuncionarios del organismo: Pedro Roveda y Horacio Curien. Para Carrió, Echegaray «era claramente la máxima autoridad en materia tributaria con más poder en la Argentina». En ese contexto el abogado criticó la «utilización del Poder Judicial para realizar una falsa denuncia».
Vale recordar que en 2014 la AFIP acusó a Prat-Gay de haber formado parte de una asociación ilícita que habría evadido impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria, de quien el era administrador. Esta presentación fue desestimada en los tribunales en lo Penal Económico. Tras el hecho, el exministro denunció a Echegaray.
El ex funcionario del kirchnerismo se desligó del tema al momento de declarar ante el Tribunal: «Yo no instigué a nadie», afirmó y dejó en claro que «nosotros no sabíamos que esa lista contenía ciudadanos argentinos hasta que se llevaron una serie de gestiones y la administración tributaria francesa me entregó al información. Estamos hablando de la denuncia de la AFIP más importante de la historia. A nivel global, el caso del HSBC llevó a que se trabaje más fuertemente en el intercambio de información, en políticas que destruyan la posibilidad de evasión y la fuga de capitales que se estaba dando a nivel internacional».
