Este lunes el Gobierno nacional comenzó a tomar medidas concretas para avanzar con la renegociación de la deuda externa en manos de acreedores privados. Según la presentación de un estudio estadounidense, la propuesta argentina podría arrancar con un planteo de quita del 55%.
Esta semana el estudio de abogados estadounidense Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (CGS&H) emitió en nombre de Argentina un pedido formal al Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, la autoridad que deberá autorizar la eventual emisión de deuda), para colocar nueva deuda por unos 31.652.645.202 millones de dólares. Este dinero, destinado a rescatar pasivos argentinos en manos de privados con legislación extranjera emitido entre 2005 y 2009 equivale al 55% del total de USD 68.842.528.826 que el Gobierno reconoció como total de los bonos a negociar.
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El estudio estadounidense que emitió el pedido a nombre del país es el asesor legal argentino en EEUU hace ya más de una década y uno de los estudios de abogados que representa al país en las cortes norteamericanas en los distintos litigios en curso. Ayudó a colocar la deuda de salida del default del 2001 y defendió al país durante contra los fondos buitre.
Está claro que una propuesta de este calibre generaría un alto porcentaje de rechazo entre los acreedores, pero el número podría ir descendiendo en la mesa de negociaciones. En cualquier caso, da la pauta de las intenciones del gobierno argentino de iniciar la discusión con una propuesta de quita radical, confirmando lo que ya anticipó el ministro de Economía Martín Guzmán respecto de la “frustración” que podría generar la oferta entre los tenedores de deuda nacional.
Luego habría que negociar los intereses a pagar por esta nueva deuda, que podrían ubicarse en torno al 6 o 7%, lo que en el contexto de un mercado financiero internacional convulsionado por el coronavirus podría ser atractivo para los acreedores.
En el contexto de la convulsión financiera por la pandemia, la estrategia argentina comenzará a quedar más clara a partir de este jueves, cuando la cartera económica presente el nuevo cronograma oficial de renegociación, que en principio extendió hasta el 25 de marzo el plazo para entrar al canje para los tenedores de bonos argentinos, una decisión que se tomó para “contactar al mayor número posible de tenedores con el fin de entablar relaciones y conocer sus opiniones”, según confirmó el propio Guzmán.