El plan del Gobierno nacional para reducir el déficit fiscal, tal cual lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé fuertes recortes en el área social. En el marco de la discusión del presupuesto 2019 se evalúan ocho opciones de recortes o congelamiento de prestaciones sociales por casi 90 mil millones de pesos.
Un indicador de la intención de avanzar fuertemente contra este gasto social ha sido la creciente injerencia del titular del Anses Emilio Basavilvaso en la Secretaría de Seguridad Social y en la Agencia de Discapacidad. Los más de 500 trabajadores de la Agencia de Discapacidad se incorporaron al Anses hasta fin de año, aunque sin garantías de continuidad luego de esa fecha, y se especula con el posible cierre de las 72 oficinas de la dependencia y el desguace del área. Santiago Luis Ibarzabal Murphy, primo hermano de Basavilbaso, fue designado como nuevo director de la Agencia. La semana pasada también renunció el secretario de Seguridad Social Juan Carlos Paulucci , por “diferencias políticas” en cuanto a las medidas que se pretenden aplicar en el área previsional, y será reemplazado por Gonzalo Estivariz, hoy secretario de Legal y Técnica de ANSeS.
Según detalla El Cronista, el objetivo es lograr un ahorro de 88.500 millones de pesos, que saldrían de medidas como la modificación por decreto del régimen de Asignaciones Familiares (que se anunció el mes pasado e inmediatamente debió modificarse en lo que hace a la eliminación del plus por zona desfavorable, por el fuerte rechazo que generó), la eliminación del diferencial del 40% sobre las prestaciones sociales de la zona austral (posible ahorro por 31.000 millones) o modificación de los regímenes especiales de jubilaciones (docentes, universitarios, Luz y Fuerza, ferroviarios y otros que podrían generar 15.000 millones).
Además se estudian cambios en la fórmula de indexación de la Asignación Universal por hijo que la mantengan equilibrada en términos reales y eviten un aumento de 4% previsto para el próximo año, mantener sin aumento el presupuesto de 30.000 millones para la ley de Emergencia Social, congelar nominalmente programas sociales como el Progresar, recortar la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) del 80 al 70% del haber mínimo y reducir la cantidad de pensiones no contributivas.
Desde el Anses aclararon que estos cambios aún no están definidos en el Presupuesto 2019. Incluso se especula con la posibilidad de que se trate de un apriete a los ministros de Economía provinciales que se encuentran negociando recortes por 100 mil millones de pesos con el oficialismo. En este sentido, un comunicado de 19 ministros de Economía provinciales peronistas advirtió a fines de la semana pasada que “los ajustes, ante la difícil situación social que vive el país, no deberán afectar el gasto social”.
