La investigación sobre los aportantes truchos a la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires podría llegar a cerrarse por un tecnicismo, abandonando la investigación penal sobre los posibles delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica, para limitarse a una causa unificada que tramite en el fuero electoral.
El juez Carlos Alberto Vallefín, de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, ordenó que sea el magistrado electoral platense Adolfo Gabino Ziulu quien decida el futuro del único expediente penal que sigue en curso, llevado por el juez Ernesto Kreplak. Ziulu ya se opinó que el caso debe ser investigado en el fuero electoral e incluso solicitó a los jueces Kleprak y Sebastián Casanello que se aparten de sus investigaciones penales y le envíen los expedientes.
Que la causa cambie de fuero no significa sólo una cuestión técnica sino que además implica una fuerte diferencia en cuanto al tenor de los delitos que se investigan. En el fuero penal, los responsables pueden ser acusados de delitos graves, con penas de privación de libertad extensas, mientras que en el electoral son mucho más leves.
Días atrás, el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, corrió al juez Casanello de la otra investigación penal por presunto lavado en la recaudación de campaña, derivando el expediente al juez Ziulu. Ahora Kreplak, titular del juzgado federal número 3 de La Plata, también podría perder su causa por un tecnicismo.
Luego del inicio de investigación penal, una de las acusadas, la ex tesorera del PRO en provincia de Buenos Aires María Fernanda Inza solicitó al juez Kreplak que se declarara incompetente en la causa y la derivara al fuero electoral, pedido que fue rechazado por el magistrado. Pero ahora el camarista Villafín considera que ese recurso fue “mal concedido”, ya que nunca tendría que haberse elevado a la Cámara porque no está claro si Inza tiene legitimidad para realizar un planteo semejante y porque la Cámara sólo podría intervenir una vez que el juez Ziulu tome una decisión sobre el fuero al que corresponde el caso.
La causa penal ya descubrió serias irregularidades en los movimientos bancarios de Cambiemos en la provincia y tiene probados numerosos casos de presuntos aportantes a la campaña, en su mayoría beneficiarios de planes sociales, que figuran en la rendición de cuentas del oficialismo pero que niegan haberlo donado dinero para Cambiemos. En este sentido, se sospecha que la maniobra encubre un esquema de lavado de dinero de empresas que por ley tienen prohibido aportar a las campañas de los partidos.
El juez Kreplak logró verificar que por lo menos 172 de los aportes presuntamente aislados e individuales en realidad se realizaron de dos cajeros contiguos de un Banco Nación en el Barrio de Recoleta. También se encontraron otros 25 movimientos sospechosos en una sucursal del BN en Plaza de Mayo, supuestamente a nombre de otros 10 aportantes. El juez ya solicitó grabaciones de las cámaras de seguridad de esos cajeros, pero todavía no han sido aportadas y si la causa cambia de fuero, ignorando los claros indicios sobre un posible lavado de dinero, esa línea de investigación se abandonaría definitivamente.
