esde el mes de junio y sin que mediara un aviso previo, el Ministerio de Desarollo Social que encabeza Carolina Stanley comenzó a aplicar un decreto que data de 1997 y que eleva las exigencias y las condiciones que deben reunir quienes pretenden acceder a una pensión.
Se trata del decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’.
Durante el fin de semana fueron varios los casos denunciados señalando esta modificación. Así se pudo constatar que se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciben una pensión o jubilación, incluso si es la mínima; sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a 3 salarios míimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de 21 mil pesos.
Alguno de los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributiva fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto, siendo este bien una necesidad para muchos que no pueden movilizarse en transporte público. También se repiten los casos de matrimonios en los que uno de sus miembros perdió este mes su pensión por discapacidad porque su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica.
Las quejas principalmente apuntan a la falta de estudios socioambientales antes de definir la quita de pensiones, que estaría vinculada al pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal.
