Polémico fallo en favor de Cambiemos: La causa sobre los aportantes truchos pasa del fuero penal al electoral

Cambiemos recibió una buena noticia: el caso de los aportantes truchos de las campañas electorales en la provincia de Buenos Aires pasará de la justicia penal a la electoral. Así lo definió la Cámara Federal, que apartó al juez Sebastián Casanello de la causa.

El juez Martín Irurzun, quien fue fotografiado con el principal operador en la Justicia de la alianza gobernante y asesor de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón, entendió que era necesario hacer lugar a la apelación del fiscal Carlos Stornelli, que motorizaba la remisión del caso a la órbita de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, la investigación que estaba en manos de Casanello, y que indagaba sobre delitos por falsedad ideológica, asociación ilícita y lavado de activos, estará en manos del juez de La Plata Adolfo Ziulu. Las penas, en caso de que se comprueben infracciones por parte de los acusados, son considerablemente menores que las que podrían enfrentar si la causa prosperaba en la justicia federal.

 

En su fallo, Irurzun argumentó: “La duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos, que involucrarían a las mismas personas de uno y otro lado del conflicto es inconveniente” y remarcó que “la Alianza Cambiemos Buenos Aires se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria del distrito provincial para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires desarrolladas en el año 2017, sede donde a su vez -y por lógica consecuencia- ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio”.

 

Vale destacar que Casanello defendía su intervención en la investigación porque la información sobre las personas incluidas en el listado de aportes truchos que, en realidad, son beneficiarias de distintos programas de asistencia social, “pudo haber sido obtenida de los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”. Para Irurzun, esa hipótesis “no alcanza, por si misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina”.

 

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