En la provincia de Tucumán avanza un polémico proyecto de ley para evitar abortos incluso en casos de violación que contradice al Código Penal. La iniciativa, inédita en el país, es impulsada por Marcelo Caponio (PJ) y contó con el aval de 29 de los 49 integrantes del Parlamento.
Para el diputado provincial, “es necesario compatibilizar y armonizar los derechos de la mujer embarazada, y en especial los de la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida del niño por nacer, y su garantía de igualdad y no discriminación”.
También aclaró que “el proyecto se inspira en la legislación provida más avanzada: la ley 6/2009 de 30 de junio de la Generalitat de Valencia (España), pionera en cuanto a medidas positivas de protección integral, tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer”.
Uno de los artículos de la iniciativa da cuenta que “queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”. Sin embargo, esto contradice al Código Penal, en su artículo 86, que contempla el aborto no punible en casos de violación desde 1921.
Incluso va a en contra de un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia, en el caso «Fall», en el que el máximo tribunal estableció por unanimidad que las mujeres violadas pueden practicar un aborto sin autorización judicial y sin temor a sufrir una sanción penal. Como era de esperar, la medida contó con innumerables críticas por parte de la oposición y de agrupaciones feministas.
Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, CELS, ELA, Redaas, CEDES y Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sostuvieron en un comunicado que “repudiamos el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta presentada con la firma de 29 legisladores con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por casuales habilitadas desde 1921 por el ordenamiento penal”.
“Si bien este tipo de proyectos de ley carecen de valor jurídico, denunciamos que forman parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva -propia de sectores fundamentalistas- que se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas. Y contribuyen al mismo tiempo a que los efectores de la salud denieguen ilegalmente abortos que son legales”, sentenciaron.
