El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria del actual ministro de Defensa Oscar Aguad por su actuación al frente de la carta de Comunicación en relación con la polémica quita de su deuda con el Estado que se aceptó a la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri.
En el pedido de indagatoria presentado ante el juez Lijo, Pollicita también incluyó a Juan Manuel Mocoroa, responsable del área de Legales del Ministerio, y a los integrantes del Correo Argentino Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher. El acuerdo de quita del 98% de la deuda de la empresa, que no llegó a sancionarse luego de la denuncia del escándalo mediático derivado del caso en febrero del año pasado, implicaba un perjuicio para el Estado de más de 70 mil millones de pesos, según denunció la fiscal Gabriela Boquin.
Para Pollicita, en el proceso de aceptación de la propuesta se cometieron delitos de administración fraudulenta y negaciones incompatibles con la función pública en la inexplicable aceptación de la propuesta empresaria. Aguad dejó el luego disuelto Ministerio de Comunicaciones en julio de 2017 parta asumir como ministro de Defensa, cargo que mantiene actualmente.
En su dictamen, el fiscal planteó: “Considero que existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y Correo Argentino S.A., que motivó el inicio de la presente investigación, fue espuriamente concebido y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años”.
“La concertación de voluntades cuestionada, por la que deberán dar explicaciones las personas involucradas, fue en buena medida posible por la existencia previa de un desnaturalizado trámite concursal que ciertamente sirvió de contexto para que intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales en detrimento de la administración pública. Ese mismo escenario permitió que los funcionarios públicos cuya intimación se propicia se movieran con la libertad de quien encuentra solución a una controversia que parecía no tener fin, seguramente alentados por la impunidad que, en el contexto de un inexplicablemente prolongado y engorroso trámite -aunque también complejo- creyeron garantizada”, concluyó Pollicita.
