Preparándose para el inevitable conflicto docente que se espera para los próximos meses, este miércoles el gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto con el reduce la representación de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en la mesa de negociaciones por el llamado “convenio marco” y modifica la Ley de Financiamiento Educativo en lo que hace al sobre el salario mínimo docente para justificar la posición oficial de no convocar a una paritaria nacional para el sector.
El decreto 52/2018 -con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro- está destinado a provocar revuelo en las filas docentes que, particularmente en la provincia de Buenos Aires, ya vienen con un inicio de año crispado gracias al reciente llamado de la gobernación de María Eugenia Vidal a desafiliarse de los sindicatos. El nuevo decreto reafirma la transferencia a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios educativos resultando estos distritos los “empleadores directos” de los docentes y restringe las negociaciones nacionales al debate de un “acuerdo marco” que incluirá “pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”.
Así, el decreto pretende eliminar el argumento docente para reclamar paritarias nacionales fortaleciendo la posición oficial de los últimos dos años en el sentido de que lo único que se fija a nivel nacional es un “salario mínimo docente” (que en el decreto se ratifica que deberá ser un 20% superior al Salario mínimo, vital y móvil), mientras que las negociaciones paritarias puntuales siguen siendo responsabilidad provincial y de CABA. Esta dinámica generó en los primeros dos años de gobierno de Cambiemos que algunas provincias iniciaran las clases en el mes de mayo.
En las resoluciones, el decreto detalla las cuestiones laborales que se discutirán en el “acuerdo marco”, que van desde “Materias de índole laboral, asistencial, previsional” como las condiciones de ingreso a la carrera docente, promoción, capacitación y calificaciones, régimen de vacantes, jornadas de trabajo, derechos sociales y previsionales, políticas de formación docente y representación sindical, entre otras.
En lo que hace a estas negociaciones específicas por el acuerdo marco, argumentando la necesidad de garantizar “la equidad en la representación de todas las voces con el fin de mejorar las condiciones generales de los docentes del Sistema Educativo Nacional”, el decreto recorta la representación de CTERA de cinco delegados a uno en la mesa negociadora. Así, el peso del gremio docente nacional vinculado a la CTA quedará igualado en la mesa negociadora con el del resto de los sindicatos con personería jurídica (Uda, Amet, Cea y Sadop). Aunque el año pasado todos conformaron un frente de lucha común por las paritarias, también se manifestaron diferencias que ahora el Gobierno busca potenciar.
El más importante de los gremios docentes seguramente no tomará con alegría la noticia. Roberto Baradel, titular del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) ya adelantó que piensan denunciar el decreto ante la Organización Internacional del Trabajo en Bruselas “por prácticas antisindicales”. Pocas semanas atrás, la CTERA conducida por Sonia Alesso incluso había ratificado días atrás, en la última junta ejecutiva del gremio, su reclamo al Gobierno para que convoque a una “paritaria nacional docente como establece la ley de financiamiento educativo”, a la que se define como una “herramienta que ha servido para ir mejorando la situación salarial y laboral de los trabajadores de la educación”.
El gobierno busca actualizar el marco legal a su conveniencia, restringiendo los temas negociables en el nivel nacional y reduciendo la representación de uno de los gremios más combativos, en previsión de lo que se anticipa como otro inicio de año caliente en cuanto a la puja paritaria de los docentes de todos el país y, particularmente, de la provincia de Buenos Aires, que durante 2017 llevó adelante una dura lucha que demoró el inicio de clases durante varias semanas.
