Tras la emisión del bono a cien años, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo. Para Zoni existe la sospecha de que el funcionario con su accionar habría ocasionado «conductas delictivas» en perjuicio del Estado Nacional.
En su presentación, el fiscal sostuvo que «el presente impulso penal no puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas».
Luego, añadió que también «corresponde resaltar que en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operatoria de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos».
En su escrito, Zoni únicamente imputó a Caputo «sin perjuicio de que con el avance de la investigación surjan nuevas personas como partícipe, autor y colaborador en los hechos investigados».
