El Fondo consideró el pedido del Gobierno y acortó en US$ 1.800 millones la meta de reservas para el primer trimestre tras las consecuencias negativas que provocó la sequía.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) flexibilizó en US$1.800 millones la meta de reservas de divisas del Banco Central, tras el pedido del Gobierno por las consecuencias negativas que generó la inédita sequía.
El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional acordaron algunas modificaciones respecto al plan original, entre las que se destacan la meta de acumulación de reservas, con una reducción de US$ 3.600 millones al final del primer trimestre y de US$ 1.800 millones en el total anual, a raíz de la sequía sin precedentes que afecta al país que provoca una fuerte disminución de ingreso de dólares a las arcas nacionales. Por lo tanto, la meta de reservas internacionales netas para fin de marzo fue de US$ 1.900 millones y la de fin de 2023 será de US$ 8.000 millones.
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«El personal apoya la modificación solicitada de la meta de acumulación de reservas para acomodar parcialmente el impacto de la cada vez más severa sequía, teniendo en cuenta el impacto de las medidas políticas de compensación acordadas», aseguró el organismo.
El FMI considera que las exportaciones agrícolas y la entrada de divisas en Argentina se podrían ver reducidas debido a la sequía por lo que generaría “implicaciones negativas para el crecimiento, reservas, inflación y saldos fiscales”. “Los riesgos de implementación del programa siguen siendo muy elevados dada la compleja situación económica, social y política interna. Mayor inflación y marcadamente menor crecimiento podría alimentar el descontento social y socavar el apoyo al programa, particularmente dado el ciclo electoral”, detalló en un comunicado.
Por otra parte, señaló que «alcanzar el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9 % del PIB en 2023 requerirá esfuerzos decisivos para fortalecer el cumplimiento tributario, los controles de gastos y la focalización de la energía subsidios y asistencia social. También se requerirán esfuerzos para abordar el mandato no financiado creado por la nueva moratoria de pensiones, incluso a través de normas de aplicación destinadas a garantizar que el esquema se dirija a los jubilados con mayor necesidad».
