Luego todas las irregularidades detectadas, el fiscal Guillermo Marijuan pidió la suspensión del programa Potencia Trabajo y volver a empadronar a los beneficiarios. Ya varios fueron dados de baja, luego de que se determinara que no cumplían con los requisitos.
Marijuan presentó una denuncia penal en la que reclamó «se cumpla con la suspensión de los planes sociales detectados en tal infracción a la normativa vigente por la AFIP».
En la denuncia, pidió además que se cite a prestar declaración como testigos a «los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia».
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También solicitó que «se recabe de la AFIP el informe reservado original y completo, que fuera encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social y que diera cuenta de las irregularidades mencionadas en la presente».
El fiscal pidió que se incorpore a la investigación judicial la nómina de contribuyentes que surge del relevamiento para lo cual pidió que se releve del secreto fiscal a la AFIP.
Entre las medidas de prueba, pidió también que se solicite al Banco Central informes sobre el Plan Potenciar Trabajo, «cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero» y qué medidas «han adoptado por parte de esa institución para evitar situaciones como la presente, es decir, la posibilidad de que beneficiarios de planes sociales puedan acceder a la adquisición de divisas a través de una institución bancaria».
En la denuncia el fiscal evaluó que podría estarse ante el delito de «defraudación a la administración pública».
En el informe al que alude el fiscal, se detectó «una numerosa cantidad de personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo, que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional y/o declaraban bienes personales».
